Dos acciones realizadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en la investigación del supuesto complot para tomar el control del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ocasionaron que el caso fuera trasladado a la Fiscalía de Delitos Transnacionales.
La fiscalía investigaba un supuesto complot para destituir al presidente del IGSS, cuando se dio la presunta obstaculización de la secretaria general de la Presidencia, Leyla Lemus, al evitar que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, respondiera a una solicitud de información realizada por esa fiscalía.
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- Estos son las dos acciones de FECI:
1. FECI planteó la necesidad de presentar una solicitud de antejuicio en contra de la secretaria general de la Presidencia, Leyla Lemus.
2. FECI solicitó al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, información con respecto al oficio que le envió el diputado Cándido Fernando Leal Gómez, secretario de la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso de la República, relacionado a hallazgos de la Contraloría de Cuentas sobre el IGSS.
Las dos peticiones se realizaron como parte de la investigación por la denuncia que presentó Contreras, en la cual hace ver una "conspiración" para tomar el control del Seguro Social y "cometer el delito de fraude en la adquisición de medicamentos".
Tras conocer el traslado de fiscalía, Contreras solicitó a la fiscal general Consuelo Porras reconsiderar la decisión retirar a la FECI de la investigación.
El presidente del IGSS acudió al Ministerio Público (MP) y presentó un memorial dirigido a Porras. "La presencia es institucional. Nosotros estamos actuando en función de la autonomía del IGSS", expresó Contreras.
La solicitud de información a Giammattei y el antejuicio
Según documentos oficiales, el 10 de agosto la FECI le solicitó información al presidente Giammattei respecto del oficio que le envió el diputado Cándido Leal. La fiscalía le fijó plazo de tres días al mandatario y le hizo la salvedad que, de no responder, podría tener consecuencias penales.
Ese mismo día, la secretaria general de la Presidencia, Leyla Lemus, respondió a FECI que el requerimiento "adolece de vicios" y mencionó que el oficio no detalla quién es la persona imputada. También hizo ver su inconformidad por el apercibimiento que fue objeto Giammattei.
El 20 de agosto la FECI vuelve a presentar un oficio. Esta vez el fiscal designado le hace ver que no hay ninguna persona imputada, al estar en fase de investigación y le reitera que el Código Procesal Penal le obliga a indicarles a las personas a quienes solicita informes de las consecuencias previstas "por el incumplimiento".
En esa fecha, el fiscal le hace ver que sus acciones no buscan discordia sino generar canales de cooperación para obtener información que sea útil y pertinente para la averiguación de un hecho posiblemente considerado delictivo. "Solicito se me excuse si se interpretó de otra manera", dijo el fiscal en el segundo oficio.
El 25 de agosto, Lemus responde que se hará saber a fiscal general "las actuaciones de la fiscalía" y pidió respeto a las funciones públicas y que cese sus acciones, las que consideró intimidaciones de parte de FECI.
El 27 de agosto, el fiscal del caso, Carlos Alberto de León Moreno, con el aval del jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, le informó a la fiscal general, Consuelo Porras, lo que ocurría con la secretaria general de la Presidencia y consideró que Leyla Lemus podría estar incurriendo en obstaculización a la acción penal y abuso de autoridad.
"Se estima pertinente y necesario que se desarrolle una investigación para esclarecer estos hechos", mencionó el fiscal De León.
Los asesores de Consuelo Porras
Los asesores de la jefa del MP, Héctor Aníbal De León Velasco y César Isaac Payés Reyes, recomendaron a Consuelo Porras el traslado de la investigación.
Luego de conocer las dos acciones de la fiscalía dijeron que la FECI "debió actuar de forma respetuosa y cordial, conforme a la alta investidura que tiene el señor Presidente".
Hacen ver que la solicitud de información debió haberse puesto de conocimiento previo de la Fiscal General. "Al no cumplir con la normativa, podría incurrirse en una falta administrativa", se lee en el análisis redactado de la situación.
Y del antejuicio para Leyla Lemus dijeron que es "prematuro acceder a lo solicitado", debido a que ella dio respuesta a las comunicaciones.
El análisis de los asesores es que el fiscal Carlos de León "pierde la objetividad con que debe actuar" por lo que recomiendan que el expediente sea trasladado de fiscalía.
Explican que se optó por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales porque dentro de sus funciones se encuentra llevar a cabo investigaciones de asesinatos, extorsiones y delitos contemplados en la Ley contra la Delincuencia Organizada y otros.
Y porque en la denuncia se hace mención de la entidad de carácter internacional Unops (Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas).
Al ser consultada Francis Masek, Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, expresó: "Entendemos que la denuncia se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, por lo que, en respeto de la independencia de las instituciones, esperaremos lo resultados de la misma. El mismo respeto se extiende a las Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entidad autónoma de derecho público, y según lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 100: 'El Estado reconoce y garantiza el derecho de la seguridad social para beneficio de los habitantes'"
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