El expresidente del Congreso, Allan Rodríguez, autorizó una serie de incrementos salariales antes de dejar el puesto en el Legislativo.
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"El destino mezcla las cartas y nosotros las jugamos", parece ser el proverbio que el expresidente Allan Rodríguez se jugó en las últimas acciones de su mandato, luego de autorizar una serie de incrementos salariales para los empleados bajo el mando de sus más allegados y aliados en el Congreso.
La información trascendió cuando el nuevo tercer Vicepresidente del Legislativo, Efraín Menéndez, solicitó la información a Recursos Humanos, por petición del Sindicato Nacional de Trabajadores del Organismo Legislativo (STOL), debido a que muchos de los empleados están inconformes con lo sucedido.
La mayoría de los beneficiados con los incrementos salariales y promoción de cargos, tienen puestos clave dentro del Congreso o están bajo el cargo de diputados aliados a Rodríguez o eran integrantes de la Junta Directiva.
El incremento se realizó a dedo. Algunos indican que parte del listado lo solicitó el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracor) y otros argumentan que fue decisión de Rodríguez, pero para legalizarlo pidió a la organización sindical que hiciera la solicitud.
Al final, 49 personas recibieron un incremento que van desde los 450 quetzales, hasta más de 14 mil quetzales, este se suma al 10% de aumento que debe de realizar el Legislativo a todos sus trabajadores como parte de los acuerdos adquiridos en el Pacto Colectivo. El listado incluía 54, pero al final se eliminó el beneficio a cinco personas.
Uno de los beneficiados fue el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos López Maldonado, hijo del excongresista Carlos López Girón, quien enfrenta un proceso judicial por estar implicado en la creación de plazas fantasma durante la administración de Luis Rabbé.
De acuerdo con el listado al que tuvo acceso Soy502, las dos secretarias de López Maldonado tuvieron un incremento de 900 quetzales a su salario, por lo que una recibirá un cheque mensual de 24,651.82 quetzales y la otra devengará 18,561.40 quetzales.
Pero el incremento más alto lo recibió Jessenia Arely Catalán Pineda, quien se desempeñaba como auxiliar de Recursos Humanos devengando 9,613.28 quetzales, y ahora seguirá en el mismo departamento, pero como Profesional I ganando 24,600 quetzales.
Según empleados del Legislativo, los aumentos salariales y promociones de puestos se llevaron a cabo "como un pago" al "apoyo" que algunos empleados brindaron a Rodríguez durante su gestión, principalmente en temas relacionados con la contratación y supervisión de personal (que cumplan con llegar y que hagan su trabajo correctamente), compras y otros a cargo de diputados aliados.
Diputados beneficiados
Otra de las que fueron beneficiadas, son las secretarias de la diputada Sofía Hernández, quien se desempeñó como Primera Vicepresidenta durante la administración de Rodríguez y representa a la Unión del Cambio Nacional (UCN), partido vinculado por Estados Unidos (EE.UU.) al narcotráfico.
En tanto que, varios familiares de Hernández, incluido su primo y hermanos, han sido capturados por graves señalamientos de narcotráfico, incluso, uno admitió vínculos con "Los Huistas", uno de ellos fue asesinado el recién pasado 16 de enero.
Ahora, ambas de las secretarias de Hernández devengarán 900 quetzales más, por lo que sus salarios oscilan entre los 11 y 14 mil quetzales mensuales.
Santiago Nájera, quien fungió como Cuatro Secretario de la Junta Directiva durante la administración de Rodríguez, logró un incremento para tres de los trabajadores que están bajo su cargo. Su asistente, Jiriam Remberto Corado Esquivel tuvo un incremento salarial de 1,800 quetzales, por lo que ahora tendrá un salario mensual de 15,550 quetzales.
Mientras que la secretaria de Nájera, Sandra Patricia Gutiérrez Estrada, devengará 20,368.03 quetzales, al tener un aumento de 900 quetzales; en tanto que el operativo Sergio Samayoa ganará 14,427.93 quetzales, tras un incremento de 450 quetzales.
Nájera está señalado dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud, luego que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en tiempo de Juan Francisco Sandoval, descubrió que el congresista, junto a otros ocho de sus colegas, habían movido "sus influencias" para solicitar plazas, pero el diputado fue beneficiado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que negó el retiro de la inmunidad.
Los empleados bajo el cargo del diputado humanista, Douglas Rivero, también fueron beneficiados con un incremento de 900 quetzales cada uno. La secretaria Magdony García ahora devengará 15,710 quetzales al mes; y su colega Berly Mazariegos ganará 19,097.30 quetzales.
Rivero es recordado en el Congreso por calificado de "basura" una iniciativa de ley que obliga una participación "paritaria" de hombres y mujeres en los partidos políticos. Él aseguró que hablaba del alcohol en gel que se aplicó en las manos.
En tanto que la secretaria de la diputada y exsegunda Vicepresidenta, Lucrecia de Palomo, tendrá un aumento de 900 quetzales, por lo que ahora devengará 27,409.29 quetzales.
También recibirán aumentos de entre 900 y 2,500 quetzales a los trabajadores a cargo de los diputados Armando Castillo, Extercer Vicepresidente del Congreso, Armando Castillo, de Visión con Valores (VIVA); así como uno de los empleados de Hernán Morán Mejía, quien fungió como Cuarto Secretario en la administración de Rodríguez.
De igual forma se benefició a la secretaria de Keven Iván Ligorría, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), con un aumento de 900 quetzales; y su colega, pero a cargo del diputado Manuel Rivera, de Victoria, con un aumento de 2,216 quetzales.
Doble intención
Los altos salarios dentro del Congreso, así como el secretismo con el que se han manejado, han sido objeto de críticas y rechazo, debido a que se ha evidenciado abusos y corrupción.
Uno de ellos fue el extrabajador del Legislativo, Michael Vásquez, quien denunció al exdiputado Cristhian Boussinot, de cobrarle un porcentaje de su salario al mes como pago al favor de haberlo contratado, hecho que era un secreto a voces de muchos trabajadores que no hablan al respecto. Al final, el joven fue destituido de su cargo, pese a que intentó crear un sindicato para evitar su remoción.
Durante la administración de Luis Rabbé, quien se encuentra prófugo de la justicia, se develó la contratación de personal que nunca se presentó a laborar y que se utilizaba para provocar sobresueldos a los diputados.
Lo mismo sucedió con el expresidente Pedro Muadi, quien estuvo en prisión hasta diciembre pasado luego que se develara una trama de contratos anómalos a través de los cuales cobraba un porcentaje del salario a las personas que estaban contratadas como guardias de seguridad y que, hasta ahora, se desconoce el destino de los recursos.
Para el politólogo Renzo Rosal, es evidente que las "malas prácticas" dentro del Congreso se mantienen, pese a las reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo del 2016 en donde se buscó reducir este tipo de "abusos" que han erosionado la labor de esa instancia política.
"Todo apunta a que lo cotidiano sigue impregnado de este tipo de factores negativos, en donde los recursos se utilizan con total criterio particular, altísimos niveles de opacidad, para beneficiar únicamente a personas allegadas a los directivos de turno y al Sindicato mayoritario que ha sido fuertemente cuestionado", lamentó Rosal.
