Al menos 965 aldeas y caseríos inexistentes fueron reportados por 67 municipios del país a fin de obtener más ingresos por situado constitucional, que por ley asigna un porcentaje del Presupuesto General de la Nación para las municipalidades.
Así lo da a conocer una investigación realizada por la periodista Viviana Mutz, publicada en Nuestro Diario, en la que resalta que, con esta maniobra, las 67 alcaldías se beneficiaron con más de 102 millones de quetzales que no debieron haber recibido durante los últimos ocho años.
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La documentación obtenida por Mutz revela cómo, a partir de la repartición anual dentro del presupuesto, las municipalidades comenzaron a alterar sus datos desde el aporte constitucional recibido en 2010.
Como ejemplo, la investigación de Nuestro Diario revela que en Puerto Barrios, Izabal, en 2009, dicha comuna reportó 52 aldeas y caseríos. Un año después subió dicha cifra a 83 y en 2012 volvió a aumentar el número a 152 comunidades. Esto representó que dicha municipalidad recibiera Q12 millones que no le correspondían.
Fueron más de 900 aldeas las que inventaron para que les asignaran más presupuesto. #AldeasFantasma en 67 municipios, vea esta investigación en nuestra edición impresa. pic.twitter.com/acodfa1Ly8
— Nuestro Diario (@NuestroDiario) 1 de marzo de 2018
Sin embargo, para la distribución del situado constitucional de este año, dicha información fue revisada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que estableció que son 52 aldeas que conforman oficialmente dicho municipio. Las mismas reportadas que en 2009.
En la publicación, se resalta que el caso más grave corresponde a San Francisco El Alto, Totonicapán. De tener registradas 14 aldeas y caseríos en 2011, aumentó a 268 un año después, con lo que recibió Q27 millones que no le correspondían, sin que la comisión encargada de hacer la distribución del dinero lo objetara.
Dicha comisión está dirigida por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, y es conformada por la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas, el Ministerio de Finanzas y la Contraloría General de Cuentas.
Además de San Francisco El Alto y Puerto Barrios, otras municipalidades señaladas por el INE de valerse de esta práctica son: Malacatancito, Camotán y San Carlos Sija, que obtuvieron 6.4, 3.7 y 3.9 millones de quetzales más de lo que les correspondía.
Por lo anterior y a falta de información sobre la cantidad real de comunidades que integran los 340 municipios del país, el INE aplicó el artículo 22 del Código Municipal, que exige dictámenes para declarar nuevas aldeas y que las comunas proporcionen certificaciones de su división territorial en julio de cada año a dicha institución y al Instituto Geográfico Nacional.
La asignación presupuestaria para las municipalidades es regida por el artículo 257 de la Constitución Política de la República que establece que un 10% del presupuesto será destinado para las comunas.
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Los recursos se dividen de la siguiente manera: 35% en partes iguales para los 340 municipios, 30% según la población de cada municipio y 25% según los ingresos per cápita de cada lugar, mientras que el 10% restante se otorga según el número de aldeas y caseríos de cada municipio. Esto último fue lo alterado por los 67 señalados.
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Tras la publicación de Nuestro Diario, por medio de un comunicado de prensa, la ANAM indicó que el INE no le informó de esta variación en una reunión sostenida en septiembre de 2017, y que fue hasta el 17 de enero de 2018 que la entidad encargada de la estadística nacional le hizo saber sobre ajustes del situado constitucional a siete municipios.
"Se eliminaron 965 centros poblados en 67 municipios y se aumentaron 645 en 74 municipios", dice el documento de la entidad que aglutina a las 340 municipalidades del país.
Por lo anterior, la ANAM requirió al INE un informe circunstanciado del proceso técnico-jurídico que produjo dicha variación en las aldeas y caseríos de los 141 municipios afectados.
Para finalizar el comunicado, la ANAM hizo un llamado a todas las municipalidades para que con apego a derecho, y respetando los procedimientos y requisitos técnico-jurídicos establecidos en la ley, se validen y respeten los datos reales certificados y avalados respecto a la cantidad de centros poblados de cada municipio.
*Para la presente nota se trató de contactar a Edwin Escobar, presidente de la ANAM y alcalde de Villa Nueva, pero por medio de un mensaje de texto indicó que se encontraba en sesión, por lo que no fue posible obtener sus declaraciones respecto a la publicación de Nuestro Diario.
