Aunque se trata de compañías que a menudo proveen de medicamentos a los hospitales nacionales, a partir de noviembre seis farmacéuticas serán inhabilitadas en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado debido a la situación legal que enfrentan.
Este 11 de noviembre de 2015, el ministro Mariano Rayo hizo circular entre directores de unidades ejecutoras y gerentes financieros de la cartera de Salud, una carta en la que se les advierte que estas empresas ya no podrán ser una opción de compra de insumos médicos.
La orden responde a los señalamientos que las empresas poseen por anomalías en contratos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Surge luego de que el pasado 5 de noviembre se pidiera al ministro de Finanzas, Dorval Carías, que las inhabilitara del Sistema Guatecompras.
La farmacéutica de origen mexicano, cuya distribuidora en Guatemala fue constituida en el 2000, se ha hecho acreedora entre 2005 y 2015 de 813 contratos por un valor de más de 153.3 millones de quetzales.
Sin embargo, deberá ser eliminada del listado de proveedores de la Cartera de Salud a raíz de la adjudicación de un contrato con el Seguro Social, para prestar el servicio de diálisis peritoneal. El Ministerio Público ha presentado una acusación según la cual estas circunstancias habrían provocado la muerte de más de 25 personas.
Agefinsa, constituida en 1995 por los representantes legales Fernando Jarquín Pira, Ileana del Pilar Morales Ponce Jarquín y Hugo Leonel de León Sagastume, ha obtenido más de 1,200 millones por medio de 8 mil 757 contratos entre 2004 y 2015.
La empresa ha sido señalada de proveer medicina sobrevalorada al Seguro Social. La misma muestra un significativo aumento en sus contratos en el Gobierno del Partido Patriota, agrupación política con la que se ha vinculado a uno de sus representantes, Fernando Jarquín.
Además, se dio a conocer que muchos de los contratos pudieron deberse al vínculo entre Agefinsa y Humberto Arana González, quien durante su gestión como subgerente de Prestaciones de Salud en el IGSS, tras ser nombrado por Juan de Dios Rodríguez, confirmó que tenía una amistad con Jarquín en una citación con la diputada Nineth Montenegro.
La distribuidora, con más de 25 años en el mercado, logró que le fueran adjudicados 1,498 contratos entre 2004 y 2015 por un valor que supera los 272.8 millones de quetzales.
La empresa habría pasado a manos del ex secretario privado de la Presidencia del gobierno de Álvaro Colom, Gustavo Alejos, quien permanece prófugo de la justicia, acusado de utilizar su influencia en altas esferas de la política para beneficiar a sus empresas con contratos de medicina.
A pesar de haber sido constituida en 2011, la compañía obtuvo entre 2012 y 2015, un total de 1,386 contratos por un valor de 125.2 millones de quetzales.
La farmacéutica, que según la investigación del caso “Negociadores de la Salud” también está ligada a Alejos, es señalada de sobrevalorar cada tratamiento de hemodiálisis en más de 100 quetzales.
De acuerdo con un reportaje de Plaza Pública, del 7 de octubre de 2015, SabiaPharma fue contratada por la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC), en septiembre de 2014, sin contar con un local propio y con 30 máquinas de hemodiálisis subarrendadas. A pesar de esto y de las múltiples inconformidades que recibió la entidad estatal, la relación continuó.
La empresa, que obtuvo 631 contratos entre 2010 y 2015 por un valor de casi 14 millones de quetzales, es representada legalmente por Mateo Estuardo Ramazzini.
Ramazzini fue ligado a proceso el pasado 9 de noviembre por el delito de asociación ilícita, tras verse involucrado en una red de corrupción que operaba en lo interno del IGSS.
A decir del MP y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Ramazzini fungía como uno de los proveedores que eran beneficiados por contratos del Seguro Social, gracias a la influencia que ejercía en funcionarios de la institución.
La compañía inscrita en 1986 tiene una amplia carrera de provisión de insumos médicos en las entidades de Salud, ya que entre 2005 y 2015 obtuvo 2,475 contratos valorados en más de 181.1 millones de quetzales.
Bodega Farmacéutica también figura por su vinculación con Rafael Arriaga, en el nuevo caso de corrupción que investiga el MP y la CICIG y que generó el pasado 27 de octubre la detención de 11 personas.
Si bien Arriaga, quien fue ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo por negociar contratos ilícitos con el Seguro Social, no es representante legal de Bodega Farmacéutica, se identificaba a través de tarjetas de presentación como empleado de la misma.
