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El presidente Jimmy Morales afirmó semanas atrás que “es un hecho” que se declarará nulo el contrato firmado con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), porque la figura legal de usufructo que se utilizó no fue la correcta y hubo corrupción en el proceso. Sin embargo, hasta ahora sigue sin estar claro cuáles son los posibles escenarios si esto llega a suceder.
Presidente Jimmy Morales ordena a la #PGN realizar acciones judiciales para declarar nulidad en el usufructo de TCQ pic.twitter.com/n7FIpcCQNg
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) 29 de abril de 2016
De acuerdo al Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, esta institución presentó ante la PGN su opinión con que se iniciará el procedimiento para declarar nulo el contrato.
De acuerdo al Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión, Quique Godoy, mientras este proceso penal se empieza se deben encontrar los mecanismos para que TCQ opere. Y lo más probable es que el juicio de nulidad lleve un largo tiempo y que no se terminará durante esta administración.
De la misma manera, Godoy explica que la terminal seguirá operando pero existirán castigos específicos a personas con la cárcel y directamente a empresas con multas “incluso con el cierre de operaciones si fuera el caso”.
Por lo que TCQ tendría el derecho de seguir operando, “no permitirle operar no resuelve el problema de corrupción porque ese problema ya está allí… y lo peor de todo es que el Estado ya necesita que opere una terminal así” explica Godoy.
Por el momento, la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) tiene un índice de ocupación de muelle de 70 al 75 % y los estándares mundiales indican que debe ser del 50 %, esto detiene el crecimiento de la importación y exportación en la Costa Sur. De acuerdo a Godoy, si no se deja operar a TCQ los buques se irán a otros puertos y eso le restará competitividad al país.
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Otro de los escenarios es que si se anula el contrato el Estado no pagará una multa sino que será un “monto por inversión”. Esto quiere decir que el juzgado correspondiente debería encontrar un mecanismo para liquidarlo.
Según Godoy esto se hace porque los bienes le van a quedar al Estado “porque están en tierra propia y tiene que hacerse una liquidación donde el Estado se compromete a pagar”.
Físicamente es imposible deshacer la inversión y esta no se la pueden llevar, por lo que al final se tiene que llegar a un acuerdo para liquidarlo. No es una multa sino un monto por inversión.
El proceso de anulación tiene sus efectos y esto también significa que el Estado se quedará con ciertas propiedades de la inversión que se hizo, porque la empresa no se las puede llevar.
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Para determinar el monto que se debe pagar, el juzgado debería contratar a alguien que evalúe la propiedad y determine el valor real de lo invertido “independientemente de cuánto pagaron se hace una estimación porque al final tienen que haber cuentas cabales”, indica Godoy.
De esta manera, la anulación del contrato con TCQ podría llegar a tardar de tres a cinco años.
Con información de Ximena Villagrán y Wendy del Cid/Soy502.
