El presidente Jimmy Morales criticó este miércoles a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) porque, según él, esta institución está involucrada en el pago de un resarcimiento a las familias de dos violadores que fueron ejecutados en 1996.
"Esta gente está defendiendo a violadores que no solamente le rasgaron con un machete la vagina a esa niña de cinco años y que después le metieron la cara en el hormiguero para que ellos pudieran tener placer", dijo el mandatario durante una actividad pública en el Palacio Nacional de la Cultura.
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La PDH no está involucrada
Sin embargo, la institución que dirige Jordán Rodas no tiene relación en este proceso; incluso, la PDH ni siquiera es mencionada en las 42 páginas de la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en contra del Estado de Guatemala.
El caso al que se refirió el mandatario es el de la violación de la niña Sonia Marisol Álvarez García, quien fue secuestrada en Guanagazapa, Escuintla.
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La pequeña víctima estuvo secuestrada durante cinco días, tiempo en el que fue violada por Pedro Castillo Mendoza, de 39 años, y Roberto Girón, de 49 años. Finalmente los delincuentes le cortaron el cuello a la niña con un machete, lo que le quitó la vida.
Castillo Mendoza y Girón fueron fusilados la mañana del 13 de septiembre de 1996 en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicada en Escuintla. Esa fue la última vez que se utilizó el fusilamiento para darle cumplimiento a una condena a muerte en Guatemala.
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La CorteIDH detectó que hubo anomalías en el proceso contra los dos ejecutados, como que fueron defendidos por estudiantes de derecho y no por abogados.
"Según nuestra ley, la ley se cumplió", dijo Morales.
El 15 de octubre, la CorteIDH le ordenó al Estado pagarle a las familias de los ejecutados 10 mil de dólares (77 mil quetzales) por cada uno y otros 1,271 dólares (cerca de 10 mil quetzales) por los gastos efectuados durante el proceso.
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"Hoy defendidos por nuestra PDH, por esa sociedad civil y el Estado de Guatemala tiene que pagar resarcimiento por esas cosas", señaló el mandatario.
Este caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las organizaciones The Magnus F. Hirschfeld Centre for Human Rights, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECPP) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y no por la PDH.
