Las acciones de algunos funcionarios y empleados públicos demuestran que estos carecen de integridad para gobernar y llevar a cabo la gestión pública en nuestro país.
Su falta de escrúpulos nos afecta a los guatemaltecos, pues, entre otras cosas, resulta en el uso irresponsable y sin transparencia del erario nacional.
La construcción de una carretera hacia el spa y sanatorio de la diputada Delia Bac, recientemente revelada en una publicación de elPeriódico, ilustra esta situación. Los 1.9 millones de quetzales que esta carretera le costó al pueblo demuestran un uso insensato de los fondos públicos. Además, las autoridades tendrán que determinar si hubo ilegalidad en el proyecto, pues según la investigación del medio, la aldea para la cual dicha carretera se construyó en 2011 ni siquiera existe.
No hay que olvidar el caso del ministro de Medio Ambiente, Alfonso Alonzo, quien tuvo la desfachatez de utilizar fondos públicos — y luego mentir al respecto — para contratar un helicóptero que lo llevara a votar en la consulta popular sobre el diferendo territorial con Belice. Al hacerlo, Alonzo claramente fue irresponsable en la administración del dinero del pueblo y, por lo tanto, faltó al principio de probidad contenido en el inciso D del artículo 6 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos.
Por otra parte, el caso del puente Berónica Mishell demuestra la falta de transparencia con la que algunos funcionarios utilizan los fondos públicos. Según la investigación de Soy502, el peaje que la gente paga para pasar por el puente genera para la municipalidad de Iztapa un promedio de 6 millones de quetzales anuales en ingresos.
Sin embargo, las autoridades de la comuna no brindan detalles sobre cómo se utilizan estos ingresos, lo cual impide que los ciudadanos sepan si el dinero público está siendo bien utilizado o si está yendo a parar a los bolsillos de funcionarios corruptos.
También hay que tener en mente que el gobierno sigue sin dar detalles de cómo se gastaron los fondos públicos cuando el Presidente Jimmy Morales, su familia, la Canciller Sandra Jovel y los diputados viajaron a Israel para inaugurar la nueva sede de la embajada de Guatemala en Jerusalén. Esto claramente demuestra opacidad en el uso del dinero del pueblo.
Los ciudadanos debemos exigir que los funcionarios y empleados públicos que hacen un manejo irresponsable y sin transparencia de los fondos del Estado rindan cuentas por sus actos, pues estos no están por encima de la ley ni de las normas de ética que debemos exigir al gobierno.
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