Se hablaban a gritos y golpeaban las mesas, todo era oposición en el Congreso de la República en la legislatura pasada. Sin embargo, hubo una sesión en la que la discusión fluyó sin problemas.
Eso pasó con la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, la cual fue objeto para que el MP y la CICIG pidieran retirar el antejuicio a siete diputados y un ministro de Gobierno.
Pero, ¿cómo se aprobó el Decreto?
Era la tarde del 8 de abril de 2014. Como siempre, la sesión en el Congreso empezó tarde. Lo único programado en la agenda era la continuidad de la interpelación a quien fuera la ministra de Educación, Cynthia del Águila, la cual había sido solicitada por la bancada Libertad Democrática Renovada (Líder), quienes eran señalados de usar los juicios políticos como estrategia para negociar prebendas.
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El presidente del Congreso y director de debates era Arístides Crespo, quien actualmente enfrenta un proceso penal por la creación de plazas fantasma. Con experiencia, Crespo lograba manejar muy bien a la oposición.
El pleno inició a las 15:44 horas, según consta en el Diario de Sesiones de ese día. Se retomó la interpelación, que ya tenía varias sesiones de llevarse a cabo, pues la sesión se había declarado permanente desde el 11 de marzo de ese año.
En el uso de la palabra estaba el diputado Roberto Villate, quien realizó 22 preguntas básicas a la exfuncionaria. De repente hubo un silencio y se escuchó al secretario informar que había una moción privilegiada, pese a que en ese entonces, no se había modificado la ley y estaba prohibido interrumpir las interpelaciones.
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A pesar de la ilegalidad, ninguno se opuso, ni siquiera Villate, quien en otro momento habló por cinco horas para bloquear una sesión. La moción fue presentada por el diputado Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz), donde se planteaba una modificación total de la agenda para ese día.
Además de la aprobación de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos, se incluía la convocatoria para la instalación de las comisiones de postulación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones, así como la aprobación de la Ley de Jurisdicción Indígena.
La propuesta fue planteada y aprobada con 108 votos, de los 116 diputados que estaban presentes. Así que se le pidió a la exministra de Educación salir del hemiciclo y se pasó a conocer la nueva agenda.
Luego de aprobar la convocatoria a las comisiones de postulación, con 99 votos, se pasó sin discusión alguna a conocer en tercer debate y redacción final la Ley de Telecomunicaciones, pese a que la misma había recibido una serie de críticas, principalmente por los alcaldes y la Asociación Nacional de Municipalidades, pues les quitaba fuerza y se hablaba de violación al derecho internacional y a leyes nacionales, incluyendo la Constitución.
La negociación
La iniciativa fue propuesta por los ahora exdiputados del Partido Patriota (PP): Valentín Gramajo, Manuel Barquín, firmas ilegibles y Edgar Cristiani, señalado por Boris España de ser el colaborador eficaz en este caso, luego de conocer que es uno de los siete diputados a los que el MP y la CICIG pidieron retirarles la inmunidad.
Exdiputados consultados por Soy502 reconocieron que la agenda de ese día se discutió fuera del Congreso. "Solo nos dijeron que debíamos votar a favor y lo hicimos. Nunca se nos ofreció dinero", dijo un exlegislador que pidió no ser citado.
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Su declaración es similar a la ofrecida por el diputado Boris España, quien afirmó que "esas negociaciones se hacían afuera del Congreso, a nosotros nos decían qué hacer. Sólo llegaban las instrucciones que nos pasaban los jefes de línea y votábamos. Yo en ese entonces no era jefe de bancada, ni jefe de línea, yo no era nadie, yo sólo recibía órdenes y por ser nuevo y con poca experiencia, decíamos sí a todo", justificó, a pesar que ese día no aparece en los listados como presente.
Los diputados aceleraron la aprobación de la iniciativa, haciendo votaciones por Libro, no por artículos. Esas estrategias son utilizadas en temas como el Presupuesto General de la Nación, que son muy extensos o para acelerar las votaciones. Regularmente las lecturas son ilegibles y los secretarios se saltan párrafos para apresurar la aprobación.
Aunque diputados de Encuentro por Guatemala trataron de presentar mociones, estas fueron rechazadas. Una de ellas buscaba modificar lo relacionado con propiedad privada, pero no la aceptaron.
Pese a que la moción se aprobó con más de 100 votos, el resto de las votaciones no pasaron de 97 a favor y poco más de 10 en contra.
En su momento se habló de que los legisladores habían obtenido beneficios económicos. Cuando se les consultó, lo negaron, pero ninguno salió molesto como era su costumbre, pues durante la sesión fue obvio cómo todos los presentes votaban sin discusión, pese a las deficiencias técnicas que fueron reveladas días atrás por los opositores a la ley.
Ya había investigación
No pasó mucho tiempo y la ley fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad. Esta ley recibió 15 amparos solicitando que se derogara. Pero también ya habían iniciado las investigaciones contra los que había impulsado la propuesta.
Incluso, casi un año después (en 2015), la Intendencia de Verificación Especial (IVE) solicitó información al Congreso sobre del procedimiento de la aprobación de dicha normativa, pues se sospechaba que se había cometido el delito de lavado de dinero.
Además de información acerca del procedimiento de aprobación, la IVE solicitó detalles de los diputados y exdiputados del extinto PP: Valentín Gramajo; Juan David Alcázar, Édgar Cristiani, Manuel Barquín; del extinto Líder, Manuel Villacorta Mirón y Jaime Martínez Lohayza; de la Unidad Nacional de la Esperanza, Julio López Villatoro, hermano del "Rey del Tenis"; y de Compromiso, Renovación y Orden, Óscar Chinchilla.
Caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo: Una expresión de la captura del Estado (El mecanismo de la compra de votos). @MPGuatemala y @CICIGgt hoy están presentando solicitudes de antejuicio por la posible comisión de hechos ilícitos acontecidos entre 2012 y 2015.
Cinco años después de la aprobación, el MP en conjunto con la CICIG, presentaron siete acciones de antejuicio contra los diputados Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Medrano, Mirma Figueroa de Coro y Marco Antonio Orozco; el legislador y candidato a la presidencia por el Frente de Convergencia Nacional, Estuardo Galdámez; y contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares.
Las investigaciones sospechan que cada diputado del PP habría recibido entre 20 mil y 50 mil quetzales de forma mensual para aprobar esta ley. Estos pagos estuvieron coordinados por la entonces Vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Según se conoció, el caso contra los legisladores, estaba listo desde enero, pero por disposición de la Fiscal General, Consuelo Porras, se reveló hasta este lunes.
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