Los empleados públicos y personas que prestan servicios profesionales en instituciones públicas no pueden ser beneficiarios del Bono Familia.
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Sin embargo, en el listado de inscritos al programa aparecen jueces municipales, la asesora de una diputada, hay quienes prestan sus servicios en entidades públicas. Incluso están dos personas que tienen contratos en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
El Mides tardó dos o hasta tres meses en excluirlos del listado, por lo que algunos podrían haber recibido al menos uno de los aportes por Q1,000.
Esta institución indicó que 7,532 empleados públicos se inscribieron para recibir el Bono Familia. "Estas personas no fueron excluidas, debido a la temporalidad de las bases de datos que las entidades enviaron", respondió el Mides a una solicitud de información pública de Soy502.
Todos ellos tienen prohibición para acceder a este beneficio, pues el Bono Familia se implementó para brindar ayuda económica a familias vulnerables durante la pandemia por el Covid-19.
Hugo René de la Cruz Orellana tiene dos contratos para brindar sus servicios profesionales al Mides este año, que suman Q105 mil. Mientras que Cindy Adelina Melgar Marroquín cuenta con tres contratos vigentes por Q110 mil.
"Yo estuve en el Mides de enero a marzo, pero no me renovaron contrato de inmediato. Pregunté si podía aplicar al bono y me dijeron que sí porque ya no estaba contratado. Yo le soy sincero, sí recibí el primer pago en el tiempo que no tuve ingresos. Después, me dieron contrato de nuevo y ya no recibí el segundo pago, luego en agosto ya no me renovaron contrato por cuestiones políticas", aclara de la Cruz.
Se consultó con el vocero del Mides, Walter Gómez, por qué tardaron casi dos meses en excluirlos del listado de inscritos. Gómez indicó que verificarían los datos, pero todavía no ha brindado respuesta.
José Pablo Munguía López y Manuel Efraín Barrios Rabanales son jueces de asuntos municipales en las municipalidades de Nuevo Progreso y Malacatán en San Marcos. Ambos se inscribieron para recibir el aporte, a pesar de que reciben un salario mensual de estas comunas.
La asesora de la diputada Karla Martínez -subjefa de la Bancada de la Unión del Cambio Nacional (UCN)-, Fernanda Monzón Vásquez, niega haber recibido los aportes del Bono Familia. Su inscripción se realizó el 16 de junio y la excluyeron hasta el 3 de agosto.
"La propietaria del apartamento soy yo, pero hubo un inconveniente porque mi mamá al ver el recibo de la luz llamó de mi teléfono (para inscribirse en el programa). Pero no recibí nada porque yo no aplicaba", dijo Monzón.
- Mira aquí algunos casos:
Los filtros
Según argumenta el Mides, en el decreto 13-2020 se establece en el artículo 10: "Todas las entidades del sector público, entidades autónomas y descentralizadas deberán poner a disposición sus diferentes bases de datos de forma gratuita para el efectivo cumplimiento de la presente ley, en un plazo no mayor de tres días calendario luego de que su colaboración sea requerida".
Esta institución se encuentra todavía en el proceso de los controles posteriores para continuar depurando el padrón de beneficiarios.
Las personas que se inscribieron al programa declararon que aceptaban las condiciones de validación de la información, juraron que sus datos son ciertos, fidedignos y conocían la pena del delito de perjurio si se encontraban dentro de las exclusiones contenidas en el decreto 13-2020. Por lo que podrían enfrentar acciones legales.
El requisito para ser beneficiario del Bono Familia era tener un consumo menor a 200 kilovatios por hora en la factura de energía eléctrica. Este filtro no funcionó para identificar a las familias vulnerables, pues se inscribieron varias personas que no estaban afectadas por la crisis económica durante la pandemia.
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