Una nueva sacudida a la red de defraudación aduanera que operaba a lo interno de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se originó este viernes, cortesía de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); esta vez, los protagonistas son un grupo de abogados y la jueza que llevaba el caso.
Los operativos que se llevaron a cabo en conjunto por la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y la CICIG, dieron como resultado la recaptura de dos implicado en la red, que habían sido beneficiados con medida sustitutiva; la detención de tres abogados y hasta la solicitud de antejuicio contra la jueza Marta Sierra. El titular de la CICIG, Iván Velásquez, explicó que las acciones responden al soborno de Sierra por parte de un “bufete proveedor de impunidad”.
Todo empezó el pasado 16 de abril, mientras se llevaba a cabo la aprehensión de Javier Ortiz, alias “Teniente Jerez”. En el momento del allanamiento, Ortiz conservó su teléfono móvil, donde se comunicó con Luis Mendizábal, propietario de la Boutique Emilio, lugar en el que se habrían hecho varias reuniones de la estructura.
Cuando Ortiz informó a Mendizábal respecto a lo sucedido, este lo calmó bajo el argumento de que se buscaría la medida sustitutiva para que no tuviera que permanecer en la cárcel.
Tras dicha comunicación, Mendizábal llamó al abogado José Arturo Morales Ramírez, alias “Chepito”, quien aún sin conocer detalles sobre el motivo de la captura, prometió que con su equipo conseguirían el beneficio judicial.
La madrugada del 21 de abril, Morales cumplió su palabra luego que con su equipo de abogados, conformado por Ruth Higueros y Jorge Luis Escobar, negociaran la medida sustitutiva con la jueza Sierra.
En ese momento trascendió la sorpresiva decisión de la jueza de no enviar a prisión a seis de los implicados, entre los que figuraban Ortiz, Salvador González y Miguel Lemus, a cambio del pago de una caución económica de, por lo menos, 200 mil quetzales.
Mendizábal no tardó en comunicarse con la hija de Ortiz y solicitarle que efectuara algunos retiros económicos con el fin de pagar las multas. Un total de 1.9 millones de quetzales fueron retirados de la cuenta del Teniente Jerez para pagar las fianzas, los servicios de los abogados y el monto que se habría acordado con Sierra.
Velásquez resaltó que este bufete se dedicaba a la realización de negocios de este tipo para la consecución de beneficios en los procesos judiciales en los que participaban.
Asimismo resaltó que se estableció un contacto previo, en diciembre de 2014, cuando Lemus buscó a Morales para que le resolviera otro conflicto menor que había experimentado con la ley.
Presentación CICIGLa fiscal general Thelma Aldana resaltó que ante lo sucedido ya se ha presentado una solicitud de competencia ampliada ante la Cámara Penal, con el fin de que el caso le sea retirado a Sierra y se traslade a un Juzgado de Mayor Riesgo.
El ministro de Gobernación, Mauricio López, quien resaltó que los operativos continúan añadió que se alertara a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para que no permitan la salida del país de Mendizábal y Lemus, quienes permanecen prófugos.
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