• Seguridad

Las llamadas, reuniones y testimonios que señalarían a la UNE

  • Por José David López
06 de febrero de 2019, 23:02
El MP y la CICIG revelaron un nuevo caso de financiamiento electoral. Esta vez fue el turno de Sandra Torres. (Foto: archivo/Soy502)

El MP y la CICIG revelaron un nuevo caso de financiamiento electoral. Esta vez fue el turno de Sandra Torres. (Foto: archivo/Soy502)

El Ministerio Público (MP) investiga el supuesto uso de tres empresas, aparentemente de cartón, que habrían ocultado a presuntos financistas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en las Elecciones Generales de 2015.

Según las investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP, el manejo de estas empresas habría sido similar a como también se acusa al expresidenciable de Libertad Democrática Renovada (Lider), Manuel Baldizón.

Sin embargo, a diferencia de Baldizón, el MP también acusa de sobornos para costear los gastos de campaña.

El MP, que contó con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), acusó a varias personas, entre las que destacan Mario Leal, exvicepresidenciable de la UNE, Julio César López Villatoro, exdiputado y hermano del llamado “Rey del Tenis”, Gustavo Alejos, exsecretario privado del entonces presidente Álvaro Colom, entre otros. Además, la fiscalía solicitó antejuicio contra Sandra Torres, cuatro diputados y dos alcaldes del partido UNE.

Así surgió la investigación

Mario Leal, excandidato vicepresidencial por la UNE, y por tanto excompañero de fórmula de Sandra Torres, era investigado por el caso denominado Traficantes de Influencias, por el cual se le considera prófugo al no haber sido capturado aún.

El caso Traficantes de Influencias señala a una supuesta red con vínculos dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para facilitar el pago del crédito fiscal a varias empresas.

Leal está acusado de ser uno de los facilitadores para captar empresarios que estuvieran interesados en apurar el trámite ante la SAT de la devolución del crédito fiscal. En compensación, Leal habría recibido un porcentaje de ese pago.

Según el MP, Leal habría recibido parte de esas comisiones dentro de la campaña electoral de 2015, en las cuales él participó junto a Sandra Torres, como binomio por el partido UNE.

  • MÁS DETALLES DEL CASO:

Las investigaciones estiman que podrían ser 3.4 millones de quetzales que habrían provenido de esos sobornos que habrían servido para financiar a la UNE, según el rastreo hecho. 

Antes de llegar a la UNE, ese dinero habría salido de la empresa Ingeniería Integral, S.A., manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, acusado en los casos La Línea y Traficantes de Influencias.

Las investigaciones también sospechan de 2.9 millones de quetzales, que habrían llegado de la empresa MAARIV, S.A., la cual estaba bajo control de Leal y aparentemente habría sido usada como empresa recaudadora para financiar a la UNE.

El resto, 500 mil quetzales, habrían terminado en las cuentas de Promotora de Recursos Habitacionales S.A., otra de las firmas que se habrían usado para recaudar fondos de la agrupación liderada por Torres.

Las empresas fantasma

El MP y la CICIG señalan que Torres y Leal habrían usado tres empresas para captar los aportes para su campaña electoral: MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S.A.

De las tres, únicamente Grupo Inmobiliario San Felipe, S.A. se encontraba en funcionamiento; las otras dos eran de cartón y solo habrían servido para darle apariencia de legalidad a los fondos recibidos para el financiamiento electoral del partido político.

El Grupo Inmobiliario San Felipe, S.A. es una empresa registrada a nombre del diputado Julio César Ixcamey Velásquez, quien también enfrenta una solicitud de antejuicio por este caso al igual que Torres.    

  • PODRÍA INTERESARTE:

Un carta supuestamente firmada por el diputado figura en la investigación. Se trata de una misiva en la que autoriza que Leal retire 1.2 millones de quetzales en efectivo de las cuentas de su empresa, monto que luego sirvió para actividades electorales.

Carta firmada por el diputado Julio Ixcamey. (Foto: CICIG)
Carta firmada por el diputado Julio Ixcamey. (Foto: CICIG)

Estas tres empresas habrían recibido en total 19.5 millones de quetzales, que luego habrían trasladado a la campaña de la UNE, según el MP, por ello lo acusan a la UNE de financiamiento electoral ilícito.

Una parte de ellos caería en el financiamiento oculto, ya que no habría sido reportado, mientras que el dinero aportado por Leal se podría llegar a considerar que provenía de actividades ilícitas, si es que en el Caso Traficantes de Influencias llegaran a condenas por esta supuesta red.

Reuniones y llamadas

Una reunión y llamadas intervenidas forman parte de la investigación contra la UNE por financiamiento electoral ilícito.

Una supuesta reunión -que forma parte del expediente contra Sandra Torres- ocurrió previo a la segunda vuelta electoral de 2015. En este encuentro habría participado la actual candidata, un ejecutivo y un trabajador de la empresa Unipharm.

Los ejecutivos de esta empresa brindaron su testimonio a la fiscalía sobre el acercamiento y el financiamiento para la campaña electoral de Sandra Torres y su entonces compañero de fórmula, Mario Leal.

  • QUE NO SE TE PASE:

Según el testimonio, la cita habría sido para entregarle a Sandra Torres un segundo aporte de 250 mil quetzales, pues antes de la primera vuelta le habrían entregado uno de la misma cantidad, pero no directamente. Se considera que el empresario quería estar seguro de que esta vez el dinero sería usado para la campaña, pues tuvo dudas sobre el destino de la primera contribución.

Su primer aporte, también a través de un cheque de la empresa Unipharm, fue depositado en la cuenta bancaria de MAARIV S.A., una de las tres empresas usadas para recaudar fondos, según la investigación del Ministerio Público.

  • ENTÉRATE:

En cambio, el segundo aporte, supuestamente por instrucciones de Sandra Torres, en esa reunión en la que también se habló de su plan de gobierno, habría sido entregado a un hombre llamado Byron Argueta, quien habría estado a cargo de las gestiones de su campaña electoral.

Se cree que el cheque fue entregado por el trabajador del empresario a esta persona. Según la investigación, estos fondos luego habrían pagado las vallas usadas en un tráiler que recorría distintas partes del país.

Ambos aportes, de haber ocurrido, serían considerados como financiamiento electoral no registrado, pues según el MP se trató de ocultar el origen real del financiamiento reportado por la UNE.

Llamadas intervenidas

Esta investigación de financiamiento electoral ilícito se originó del denominado Traficantes de Influencias. Sin embargo, también tiene conexión con el llamado Negociantes de la Salud, pues se ha conocido que dentro de este nuevo expediente judicial figuran interceptaciones telefónicas de este caso.

En una de las llamadas intervendría Sandra Torres y Gustavo Alejos, implicado en el caso Negociantes de la Salud y quien nuevamente enfrentará cargos por esta nueva investigación. Hasta el momento no se han revelado detalles de esa conversación.

¿Por qué no se accionó antes contra Sandra Torres?

La candidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, enfrentará un proceso de antejuicio a solicitud del Ministerio Público (MP) por una investigación de financiamiento electoral ilícito.

Tras darse a conocer esto, la ciudadanía cuestionó al MP, ya que si las capturas las hubieran realizado un par de días antes, Torres no habría tenido derecho de antejuicio. Fue hasta este martes cuando recibió su credencial como candidata presidencial por la UNE y, por tanto, gozaba desde ese instante de derecho de antejuicio.

Antes estos cuestionamientos, el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, señaló que el MP no tiene tiempos políticos y hace operativas las investigaciones cuando se encuentran listas, explicó.

Según Sandoval, los casos se ejecutan (entre órdenes de captura y allanamientos) cuando se tienen los medios de investigación necesarios y algunas autorizaciones correspondientes, como la jefatura de dicha instancia.

"La Fiscalía y las investigaciones no tienen tiempos políticos. Los casos se hacen operativos cuando tenemos los medios de investigación y las autorizaciones correspondientes", explicó Sandoval.

Además de Sandra Torres, se requirió el antejuicio contra los diputados Karina Alexandra Paz Rosales, Jairo Joaquín Flores Divas, Julio César Ixcamey Velásquez y Jorge Estuardo Vargas Morales, así como de los alcaldes Pedro Raymundo Cobo (Nebaj) y Ángel Ren Guarcas (Chiché).

Sandra Torres señala a Thelma Aldana

Sandra Torres, candidata a la presidencia por el partido UNE, dio una conferencia de prensa para pronunciarse por el antejuicio en su contra y la investigación del MP.

Torres culpó a Thelma Aldana, exjefa del MP, de tener incrustada una red paralela dentro de dicha institución para quitarse a rivales políticos, ya que según la candidata de la UNE, su partido es el más fuerte y dado que Aldana tiene aspiraciones presidenciales queda en duda el actuar del MP.

  • ACCIONARÁN PENALMENTE:

Puntualmente, Torres señaló al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, de integrar dicha red para manipular las investigaciones y atacar a los rivales políticos de Thelma Aldana.

"Thelma Aldana manipulaba investigaciones para quitarse de encima a sus rivales políticos. Ella ha tenido aspiraciones desde el principio", dijo Sandra Torres.

La candidata refiere que la ex fiscal general fue anunciada por el partido Movimiento Semilla para ser proclamada como su presidenciable.

*Con información de José Miguel Castañeda y Gustavo Méndez.

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