La presión por lograr la ampliación presupuestaria en el Congreso de la República, para que pueda ejecutarse el pacto colectivo firmado en febrero por el Ministro de Educación, el Vicepresidente de la República y el dirigente magisterial Joviel Acevedo, se ha venido dando de diversas formas.
El Magisterio salió nuevamente a las calles y a ocupar la Plaza de la Constitución para requerir públicamente los fondos que permitan pagar los beneficios que se plasmaron en el famoso pacto, que aún no es de conocimiento público.
Ante todo, conforme a la Ley de Acceso a la Información, será importante que se conozca a profundidad su contenido para que pueda ser analizado y discutida su viabilidad. Es difícil dictaminar sobre un documento que muy pocos conocen y parece que solamente quienes lo firmaron lo han visto. Corresponderá a las comisiones de Educación y de Finanzas del Congreso evaluar su contenido e impacto financiero que podría derivarse de su cumplimiento.
En la solicitud que realiza el Presidente de la República para la ampliación presupuestaria y en los documentos que la acompañan se encuentran algunos elementos que nos ilustran en qué consiste este pacto, que tiene que ser asumido por todos los ciudadanos que pagamos impuestos. Se incluye un aumento salarial del 5% cada año a partir de 2018 por 3 años, un bono anual a fin de año por 2 mil 500 quetzales para todos los docentes, y 500 quetzales mensuales de bonificación a los maestros que cuenten con título universitario, egresados del programa de profesionalización docente, PADEP/D, que en 2019 aumentarían a 600 y en 2020 a 700 quetzales.
Entre las preguntas que todos debemos hacernos están: ¿Qué beneficio tiene este pacto para los estudiantes? ¿Cuál es el costo de implementarlo? ¿Qué acciones dejarán de realizarse para poder cumplir con estos compromisos? ¿Afectará el desarrollo del sistema educativo?
En primer lugar, los beneficios para los estudiantes no son visibles, al menos en lo que se ha conocido públicamente no está claro cuánto mejorará el aprendizaje de los estudiantes. En segundo lugar, el costo de implementarlo llega a ser de casi 5 mil millones de quetzales en tres años. En 2018 el costo estimado por el Ministerio de Finanzas con información del Ministerio de Educación es de 1,041 millones, mientras en 2019 el costo asciende a 1,627 millones y en 2020 llegaría a ser de 2,240 millones.
Estos recursos tienen un importante costo de oportunidad, es decir dejarían de hacerse acciones como introducción de tecnología en los centros educativos, programas para formación de jóvenes, libros de texto y de lectura para millones de estudiantes, así como mejoras a los centros educativos, entre otras.
En las últimas dos décadas Guatemala ha tenido avances en cobertura educativa. La mayoría de los niños se inscribe en la primaria, pero no todos la concluyen. Aún hay déficit en la preprimaria, ya que solamente la mitad de los niños asiste al preescolar. En el nivel medio quedan grandes desafíos de cobertura: hay 800 mil jóvenes fuera de la escuela. Los niveles de repitencia y deserción son elevados, así como escasos los aprendizajes y el desarrollo de competencias, especialmente en la secundaria. Sólo uno de cada tres estudiantes que se gradúa del diversificado tiene el nivel esperado en lectura y uno de cada diez logra un buen resultado en matemática.
Antes de firmar un nuevo pacto colectivo debe hacerse una propuesta para transformar el sistema educativo, de modo que se lleven a cabo estrategias que conduzcan a mejorar la cobertura y la calidad de la educación. Es necesario introducir meritocracia en las contrataciones de personal, tanto docente como administrativo, introducir evaluaciones a los maestros y a la eficiencia de las escuelas. No podemos seguir avalando pactos del pasado, sino centrarnos en el beneficio de los estudiantes. Se requiere una nueva carrera docente, que promueva la profesión magisterial con criterios modernos de meritocracia y basada en resultados.
