El Congreso podría discutir una nueva ley para regular las tarjetas de crédito. Este miércoles, el diputado del bloque Todos, Ronald Arango, presentó una iniciativa de ley similar a la que la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional en 2018.
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Esta propuesta regularía el cobro de intereses, facilitaría el pago de las deudas adquiridas por los consumidores y prohibiría los cargos extra.
Intereses
Al igual que en la ley derogada, la tasa de interés no podría ser más del doble del último valor de la "tasa de interés anual activa promedio ponderada" del sistema bancario, que publica mensualmente el Banco de Guatemala (Banguat), es decir, la que se utiliza para cobrar intereses por préstamos.
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En diciembre el Banguat tenía esta tasa en 12.72%, por lo que si se mantuviera, los emisores de tarjetas podrán cobrar el doble de esto, es decir, un 25.44% de interés anual. Esta tasa sufre variaciones constantes, pero en más de una década no ha superado el 14%.
Cobros extra
La propuesta prohibiría el cobro de comisiones, servicios adicionales y otros cargos que pudieran hacer los emisores de tarjetas de crédito a sus clientes.
Nuevos delitos
Esta iniciativa incorporaría cinco nuevos delitos al Código Penal: clonación de tarjeta de crédito, aprovechamiento de tarjeta de crédito clonada, manipulación de datos de tarjeta de crédito, uso fraudulento de tarjeta de crédito y estafa por medio de tarjeta de crédito; que serían castigados con prisión de seis a diez años y multas de entre 150 mil y 500 mil quetzales.
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Las penas subirían en una tercera parte cuando quienes cometen los delitos trabajen para las empresas emisoras de tarjetas de crédito.
Reestructurar la deuda
Aunque actualmente los bancos permiten hacer acuerdos de pago para cancelar las deudas, esta ley regularía que el pago mensual no exceda el 20% de los ingresos del cliente.
Antecedentes
La ley aprobada en 2015 no fue bien recibida por el sector bancario y desde que entró en vigencia acumuló 14 acciones de inconstitucionalidad, promovidas principalmente por los emisores de las tarjetas de crédito.
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Al final, la CC declaró inconstitucional esta ley "por vicios en la aprobación" y en su resolución no especificó si alguno de los artículos era inconstitucional, como aseguraban los banqueros.
