El financiamiento electoral en Guatemala siempre fue anónimo.
Antes de que se reformara el Código Penal, a principios de 2010, para tipificar algunos delitos electorales, los aportes sin nombre a candidatos y partidos ni siquiera eran delito: eran la norma usual y aceptada.
La simbiosis entre financistas y políticos empezó a zozobrar desde 2015, cuando una serie de procesos judiciales enderezados por la CICIG y el MP revelaron muchas de las relaciones perversas entre padrinos de campaña y negocios del Estado.
Por eso, el reconocimiento público que ha hecho un grupo de los más importantes empresarios de Guatemala sobre los aportes anónimos otorgados al partido del presidente Jimmy Morales, FCN- Nación, es no solo importante sino que positivo.
Para cambiar una situación incorrecta, la condición ineludible es reconocer que se está mal. Es a partir de ese reconocimiento que se puede, y se debe, empezar a construir una nueva realidad.
Es relevante también que este paso lo hayan dado empresarios tradicionales, porque pese a que ese sector ha sido una fuente importante de financiamiento político, no es ya ni por asomo, la única ni la más peligrosa. Las mafias clientelares locales y las del crimen organizado usan exactamente el mismo “mecanismo”, para tomar como referencia el título de la serie brasileña de Netflix.
La declaración de los empresarios no solo pone en jaque al gobierno de Jimmy Morales, sino que debe servir de parte aguas en la historia política del país.
La experiencia reciente nos muestra que el financiamiento político anónimo o secreto, que se presta para tantos vicios, no puede seguir existiendo: debemos construir nuevas reglas, con sanciones proporcionales pero claras, para que los aportes a políticos sean transparentes y para que tengan límites, para que nadie más pueda comprar gobiernos.
La declaración de los empresarios también es un cisma porque marca una ruptura entre quienes buscan deslindarse del viejo “mecanismo” y quienes, increíblemente, se aferran a él pese a que el país entero ha podido ver ya cómo funcionaba el dinero tóxico en la política guatemalteca, que acabó fomentando chantajes y sobornos.
Ese mundo de la ley al revés donde hemos malvivido es inviable. Más temprano que tarde sucumbirá porque nadie puede borrar lo que hemos visto en los últimos meses ni lo que ahora sabemos.
Que algunas de las cabezas más importantes del mundo empresarial hayan dicho “hasta aquí”, nos acerca a una ruta sin retorno en la lucha contra la corrupción y aísla a quienes se oponen con argumentos espurios.
Ahora es cuando debemos exigir con más ímpetu y convicción, reformas profundas a nuestra normativa electoral, para erradicar los vicios que han desfigurado nuestra democracia.
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