Esta Semana Santa va a desfilar mucha hipocresía por las calles del centro histórico y de Antigua Guatemala.
Vamos a ver a pícaros consumados vestidos de cucuruchos, con rostro contrito y paso solemne, disfrazados de penitentes, mientras llevan en andas una procesión.
El ejemplo ya lo dio la diputada Stella Alonzo al pavonearse en una procesión con vestido de monja y mantilla negra, del brazo de Otto Pérez Leal, el heredero del régimen más corrupto que haya visto este país.
A diferencia de todos los impunes que van a lacerarse en público durante la cuaresma, nueve guatemaltecos tomaron una decisión dura la semana pasada, al reconocer sus faltas ante la jueza de mayor riesgo Erika Farfán.
Los constructores señalados de cohecho activo en el caso “Construcción y Corrupción” --Álvaro Mayorga, Luis Tejada, José Luis Rodrigo Agüero, Raúl Eduardo Alvarado Cuevas, Rafael Ángel Díaz, Rafael Ángel Díaz Fión, Jesús Augusto García, Pedro Luis Rocco Arrivillaga y Allan Robert Krebbs-- se declararon culpables de entregar sobornos al ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi.
“Pido perdón a mi familia y al pueblo de Guatemala”, dijo el señor Alvarado Cuevas, de la empresa de ingeniería Tekton. “Debemos hacer las cosas bien”.
No se puede felicitar a nadie por confesar un delito. Lo que sí podemos hacer es recibir esas palabras de contrición, pronunciadas con dolor y con vergüenza ante un tribunal, y reconocer que con ellas se abre un camino de salida para la agobiante crisis política que atraviesa el país desde hace meses.
Estos empresarios, como muchos otros, como todos al fin de cuentas, convivíamos con un sistema podrido. Reconocer el problema, aceptar que lo que se hizo en el pasado está mal y no debe continuar, reparar en lo posible el daño hecho y proponer un cambio de actitud y de conducta verdadero, es lo único que podemos si queremos encarar el futuro con alguna esperanza.
Para reconocer los errores y pedir perdón hace falta humildad y hace falta coraje y eso es mucho más respetable que negar lo evidente y empecinarse en el mal. Por eso hay dignidad en los empresarios que aceptaron los cargos y que podrán reincorporarse a sus actividades, tratando de marcar una diferencia.
Purgarán una condena de prisión de 5 años, conmutables a razón de 100 quetzales diarios. Además deberán pagar una multa de medio millón de quetzales, el monto más alto contemplado en la ley para el delito de cohecho activo. La PGN también ha dictaminado que deberán construir tramos carreteros o escuelas cuyo costo sea equivalente al 50% de las coimas que entregaron. En promedio, se calcula que las obras que deberán construir costarán 8 millones de quetzales cada uno.
La lección que nos deja el caso de "Corrupción y Construcción" es que nuestro sistema político y administrativo, alimentaba a base de coimas y financiamiento electoral ilícito, era un asco. Un asco por demás insostenible e inviable.
Colapsó y el reconocimiento amargo de estos nueve empresarios lo prueba.
Tenemos ahora la tarea pendiente de reconstruir nuestras instituciones y el modelo económico del país, para generar una sociedad más justa y más próspera.
Que así sea.
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