El día que Daniel Escobar Ulloa firmó la compra venta por el apartamento que él y sus tres hermanos habían heredado, creyó que estaban cerrando el negocio de su vida.
El apartamento, de 369 metros cuadrados, diseñado por el afamado arquitecto Americo Giracca, dotado de dos parqueos y ubicado en la exclusiva zona 14, en el segundo piso del edificio El Torreón, estaba valuado en 340 mil dólares. A la muerte de los padres de los hermanos Escobar Ulloa, el inmueble fue objeto de un amargo pleito y un litigio de desahucio entre ellos.
Con la venta del inmueble, Daniel Escobar Ulloa pensó que cada hermano recibiría su dinero y el conflicto familiar quedaría atrás.
Se equivocaba: esa firma los precipitó en un problema mayúsculo con uno de los grupos de abogados más influyentes y temidos del país –el encabezado por Roberto López Villatoro, conocido como “El Rey del Tenis”- y el magistrado de apelaciones Eddy Giovanni Orellana Donis, donde acabaría interviniendo el Ministerio Público, MP, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.
La historia de cómo un grupo de abogados intentó aprovecharse del pleito entre los hermanos Escobar Ulloa y despojarlos del apartamento que según el MP y la CICIG fue entregado por López Villatoro al magistrado Orellana Donis como pago de favores, muestra cómo operan las redes de juristas en tribunales, no solo en casos de alto impacto, sino contra ciudadanos comunes.
El pleito de origen
En el apartamento de la zona 14 vivía la madre de los Escobar Ulloa con uno de los hermanos. Al morir la mujer en septiembre de 2012, el amargo pleito que ya existía entre los hermanos se complica y tres de ellos contratan al abogado Jorge Luis Lima para sacar al hermano que estaba ocupando el lugar y vender el inmueble.
“A diferencia de otros abogados, Jorge Luis se compromete a entregarnos el apartamento en seis meses y casi cumple, nos lo tuvo listo en siete. Así se ganó nuestra confianza”, cuenta Daniel Escobar Ulloa.
Después de esto, Lima ofrece comprar el apartamento, en varios pagos y entregando algunos vehículos. “Yo le dije que no, porque era muy complicado cerrar el negocio así. Nosotros lo que queríamos era repartirnos cada hermano el dinero que correspondía, pero él insistía mucho en eso”, recuerda Daniel Escobar Ulloa.
Para hacerse cargo de la venta del apartamento, Lima recluta al abogado Gustavo Adolfo Ortiz Arroyo, quien propone a los hermanos hacer un mandato para gestionar el negocio y arreglar que firme su hermano Vicente, a quien le acababan de ganar el pleito en tribunales. “Como Lima ya nos había resuelto el desahucio, le dijimos que hiciera el mandato para vender el apartamento”, indica Daniel Escobar Ulloa.“No desconfiamos ni siquiera porque era raro que siempre querían que les pagáramos en efectivo”.
Un negocio fallido y una firma falsificada
Mientras los abogados mantienen su interés por adquirir el apartamento, aparece el primer comprador: el señor Álvaro Monteros. Con él, los hermanos llegan a un acuerdo por precio: 240 mil dólares.
Sin embargo, este primer negocio no logra concretarse. Monteros, hombre previsor, llama personalmente a todos los propietarios para preguntarles si están de acuerdo con el negocio.
“Cuando habla con mi hermano Vicente, él le dice que no ha firmado ningún mandato y que no vende”, cuenta Daniel Escobar Ulloa. “Meses más tarde nos enteramos que en ese momento, mi hermano inmoviliza la propiedad. Nosotros pensamos que los abogados habían llegado a un acuerdo con él, pero no, lo que hicieron fue falsificar su firma en el mandato”.
A los días del fracaso del primer negocio, los abogados regresan con otro comprador: Edgar Montenegro. “Me dijeron que tenía mucho dinero y que era amigo del ‘Rey del Tenis’. Yo entonces ni sabía quién era ese tal rey”, recuerda Escobar Ulloa.
El negocio con Nico S.A. y los cheques sinfónicos
Tres hermanos Escobar Ulloa se presentan a la oficina de Ortiz Arroyo en Torres Pradera, a firmar la compra venta del apartamento. Según Daniel Escobar Ulloa, les pagan ese día con cinco cheques: uno por 272 mil quetzales de la entidad Nico S.A., vinculada con López Villatoro; tres cheques de 5 mil quetzales para los hermanos presentes en la transacción, que les pagó el abogado Gustavo Adolfo Ortiz Arroyo; y uno de más de 500 mil quetzales de la esposa de Edgar Montenegro.
“Solo el de Nico S.A. tenía fondos y uno de los de Ortiz”, dice Daniel Escobar Ulloa, al enfatizar que el cheque por el monto mayor, no lo logran cobrar.
En ese momento inicia el vía crucis de los hermanos para obtener el resto de su dinero y para finiquitar el negocio. “Nosotros firmamos la compra venta por el valor registrado, los 272 mil quetzales, pero necesitábamos tener un documento formal por el valor pactado y no teníamos nada”, recuerda Escobar Ulloa.
Para cobrar, llaman a los involucrados en el negocio, pero no logran obtener razón. Eso sí, se enteran que en el apartamento ya está viviendo una persona: el magistrado de apelaciones Orellana Donis.
“Lo llamé a su oficina y le dije que nosotros éramos los dueños del apartamento y que no nos habían pagado. Me contestó que no le quitara el tiempo y que las únicas personas que lo podían sacar a él de ahí eran un juez o el ‘Rey del Tenis’, que con él debía hablar”, cuenta Escobar Ulloa.
Amenazas en la oficina de Aristos
Cuando los hermanos concluyen que no les van a pagar, contratan a otro abogado. Con él van a una primera reunión en el despacho Lovi S.A., de López Villatoro, en el edificio Aristos, sobre la Avenida la Reforma.
“Lo primero que me llamó la atención fue una gran figura de madera de un rey de ajedrez, como de un metro”, dice Escobar Ulloa. Ahí se entrevistaron con un grupo de abogados: Roberto Mínchez, Claudia Abril, Filadelfo Reyes y dos más, que no recuerda.
“Nos dicen que la transacción está concluida y que no estemos molestando más a López Villatoro ni al magistrado Orellana Donis”, indica Escobar Ulloa.
En esa reunión, les ofrecen en pago cuatro vehículos: una camioneta Lexus, una Range Rover, un Nissan deportivo y un Volvo. Los reciben en prueba, pero los devuelven a los pocos días. “Nos los dan sin título, sin tarjeta original y todos, menos la Range, estaban destartalados”, afirma Escobar Ulloa.
Como al mes de esa primera reunión en el edificio Aristos, tienen una segunda junta. “Ahí Ortiz Arroyo nos dice que si vamos a seguir buscando a López Villatoro, nos van a 'quebrar el c…' y que desistamos, porque las cortes se alinean con ellos”, afirma Escobar Ulloa.
El caso más caro de “El Rey”
A partir de ahí, el pleito se intensifica. Los hermanos Escobar Ulloa se enteran de que el MP los persigue por falsedad ideológica, acusados de falsificar la firma de su hermano Vicente en el mandato hecho por Ortiz Arroyo.
Los hermanos deciden enfrentar las acusaciones presentándose a tribunales y denunciando el origen del problema a CICIG. En el proceso, conocen todas las miserias del proceso penal. “Nos acusaron falsamente, nos sacaron orden de captura, nos amenazaron de muerte, hasta nos pidieron dinero en nombre de un juez”, recuerda Escobar Ulloa.
También les pagaron en medio del pleito: alrededor de 150 mil quetzales adicionales a los tres hermanos del bloque de Daniel Escobar, y al hermano con quien estaban peleados, alrededor de 507 mil.
En total, Daniel Escobar Ulloa hace cálculos preliminares de que les pagaron a los cuatro hermanos, cerca de 1 millón 234 mil quetzales, con lo cual estima que los compradores se ahorraron cerca de 100 mil dólares del precio pactado original, es decir 240 mil dólares (un monto que ya era menor a los 342 mil dólares de la valuación).
Eso sí, la maraña de denuncias, procesos y demandas que estallaron por este caso le salieron caras a los encartados. Este apartamento del Edificio El Torreón es el que está en el centro de la acusación enderezada por MP y CICIG contra Roberto López Villatoro y varios de sus allegados, a quienes se sindica de traficar influencias para lograr nombramientos de magistrados a través de las comisiones de postulación, y en especial, a través del magistrado Orellana Donis, quien ocupó con su familia el apartamento de El Torreón y según las autoridades, no pagó nunca por él.
A raíz de este problema, los hermanos Escobar Ulloa presentaron varias acusaciones contra los abogados involucrados en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y están peleando ahora por recuperar el valor que no les pagaron o el apartamento de la zona 14.
