Una sala de apelaciones revirtió la decisión de un tribunal, que cerró un caso de corrupción contra un exdiputado del PP.
OTRAS NOTICIAS: ¿Consuelo Porras sigue trabajando desde su casa?
Casi diez meses después de que la jueza Claudette Domínguez lo favoreciera con el cierre de un caso de corrupción, el exdiputado Edgar Cristiani deberá volver a enfrentar a la justicia.
La Sala Primera de Apelaciones resolvió una acción que revierte ese beneficio. De esa cuenta, el Tribunal "A" de Mayor Riesgo, a cargo de Domínguez, tendrá que volver a valorar las pruebas presentadas y emitir una nueva decisión.
El citado caso corresponde a plazas fantasma que se habrían creado en el Congreso y con las cuales se habría favorecido a allegados de Cristiani. A cambio de ello, el exlegislador habría recibido una serie de "comisiones".
Junto con él, en el caso están señaladas 10 personas, quienes habrían recibido un salario sin presentarse a trabajar:
- Ruth Toledo Rivera
- Marlon Augusto Franco Reyes
- Angélica González Hernández
- Juan Manuel Barrios Toledo
- Luz Marielle Morales Brol
- Odilia Morales Camo
- Jorge Enrique Molina Linares
- Saul Enrique Tenas González
- María Manola Zarco Escaler
- Carlos Primitivo Yat Sun
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) acusa a Cristiani de abuso de autoridad y peculado por sustracción en forma continuada. Entretanto, al resto de implicados los sindica de peculado por sustracción.
Por lo que ordena emitir una nueva resolución valorando todos los indicios de investigación. Los sindicados son Edgar Romero Cristiani Calderón a quien se le dictó sobreseimiento por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción en forma continuada.
¿Quién es Edgar Cristiani?
Edgar Cristiani fue uno de los diputados con más influencia de la bancada Partido Patriota (PP), durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Sin embargo, tras su captura por presuntos actos de corrupción, delató a varios de su compañeros.
Esto ocurrió cuando se develó un caso de supuestos sobornos, con los cuales se habrían beneficiado diputados del entonces partido oficial, a cambio de votar favorablemente para la creación de una ley.
El exparlamentario se convirtió en colaborador eficaz de la FECI y la ahora extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero, en 2022, la fiscalía dio por terminado el acuerdo.
Otro caso en el cual se le vinculó y sentenció fue por la creación de plazas fantasmas en el Registro de Información Catastral (RIC). La condena fue de 3 años y medio de prisión conmutables.
