La Droguería PiSa, implicada en el caso IGSS-PiSa, ha solicitado que dos cuentas bancarias que suman 28 millones 800 mil quetzales sean desembargadas.
El mandatario de la compañía y su director, Carlos Colindres y Ramiro Lorenzana, respectivamente, explicaron que "existe daño" a la empresa el mantener el dinero embargado desde 2015 cuando comenzó el proceso penal.
PiSa, S.A. fue la empresa contratada para brindar a pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad (IGSS) servicio de diálisis peritonial. Sin embargo, la mala práctica dejó alrededor de 50 personas fallecidas a causa del mal manejo de las diálisis para pacientes renales.
La entidad pagó, en el ámbito privado, una indemnización a varios de los afectados y en septiembre de 2018 cuando se emitió sentencia se le condenó a pagar como resarcimiento 3 millones 379 mil 466 quetzales con 20 centavos para el Seguro Social.
El IGSS le debe a PiSa
La petición de liberar las cuentas se hizo a los magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, la cual está presidida por Jaime Amílcar González Dávila y las vocales Beyla Estrada y Sonia De la Paz.
Ramiro Lorenzana fue quien reveló la cantidad embargada que suma 28 millones de quetzales y dijo "yo no soy abogado, pero sé de números y 28 (millones) son más que 3 (millones)". Como opción dijo que podían quedarse embargados 8 millones y que sean liberados 20 millones.
- QUE NO SE TE PASE:
También dijo: "Miremos quién debe a quién" en referencia a que el Estado le debe a PiSa 11.5 millones de quetzales y el IGSS le debe 10.5 millones de quetzales por servicios prestados.
En contra
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el IGSS se opusieron a la petición.
ENTÉRATE:
El mandatario del Seguro Social, Carlos Renato Santizo Arana, expresó: "No es el momento dentro del proceso para evaluar la petición de PiSa. Las cuentas deben seguir embargadas".
La representante de CICIG, Amanda Trejo, señaló que la reparación no ha sido pagado por PiSa debido a que la sentencia emitida en 2018 no está en firme.