El Tribunal Undécimo de Sentencia emitió el veredicto por el juicio en que se acusó a 21 personas, en los casos conocidos como IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula.
El debate comenzó el 17 de agosto de 2017 y, después de 92 audiencias, concluyó con la condena a doce personas y la absolución a nueve.
El tribunal se constituyó por Morelia Ríos, Patricia Veras y Miriam Jeaneth Hernández, quienes dictaron la sentencia por unanimidad. “Gracias a Dios llegamos al final”, dijo la Presidenta del Tribunal al cerrar la sentencia:
El tribunal ordenó que la Droguería Pisa pague como resarcimiento al Seguro Social Q3.3 millones. La jueza Miriam Hernández -encargada de dar a conocer el fallo- explicó que fue por "haber autorizado el contrato constituyó una acción fraudulenta".
La condena fue de seis años y tres meses inconmutables, más Q50 mil de multa y una inhabilitación de cuatro años para ejercer cargo público. Sin embargo, hasta que el fallo quede en firme, los condenados gozarán de prisión domiciliar y deberán presentarse al MP cada quince días para control biométrico.
Otto Molina Stalling, exasesor del IGSS e hijo de la magistrada suspendida Blanca Stalling, fue uno de los condenados, al igual que las enfermeras de la Junta de Licitación, dos subgerentes del IGSS y la Junta Directiva del IGSS que autorizó el contrato, lo cual incluye a Juan de Dios Rojas, presidente del IGSS y ex secretario privado del entonces presidente Otto Pérez Molina.
Los representantes de la droguería Pisa fueron absueltos, al igual que los vinculados al Caso IGSS-Chiquimula.
Para las personas que fueron absueltas, se ordenó la liberación inmediata.
El fallo se leerá en forma íntegra el 3 de octubre, y tras ello se podrán presentarse las apelaciones.
Estas son las sentencias para cada uno de los 21 señalados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
1. Otto Fernando Molina Stalling;
Sentenciado por el cobro ilegal de comisiones a 6 años 3 meses de prisión, multa de Q50 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por cuatro años.
Absuelto por asociación ilícita. Se otorgó de oficio medida sustitutiva sin ninguna restricción y sin pago de caución económica.
2. Gerber Adolfo García Granados Reyes
Absuelto por asociación ilícita y cohecho activo. Seguirá con medida sustitutiva.
3. Edgar René de la Peña Archila
Absuelto por cohecho activos y se ordena su inmediata libertad.
4. Ramiro Armando Lorenzana Ortiz
Absuelto por asociación ilícita y cohecho activo y se otorga la libertad inmediata.
5. Arturo Adolfo Castellanos Pou
Absuelto por asociación ilícita.
Integrantes de la junta de licitación
6. Doris Eluvia González Salazar
7. Mayra Lisbetth Gómez Suárez
8. Alba Maritza Maldondado Gamboa
9. Delia Haydee Castañón Guerra y
10. Carmen Yadira Gil Quiñónez
Condenadas por fraude a 6 años y 3 meses de prisión inconmutables. Pago de una multa de Q50 mil cada uno y de oficio se concedieron medidas sustitutivas.
Exintegrantes de la Junta Directiva del IGSS
11. Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López
12. Julio Roberto Suárez Guerra
13. Julia Amparo Lotán Garzona
14. Max Quirin
Condenados por fraude a 6 años y 3 meses de prisión inconmutables. Pago de una multa de Q50 mil cada uno y de oficio se concedieron medidas sustitutivas.
Subgerente del IGSS
15. Álvaro Manolo Dubón González. Condenado por fraude a 6 años y 3 meses de prisión y multa de Q50 mil. Medida sustitutiva.
16. Francisco Cortéz Bocalletti, exjefe de Servicios Contratados del IGSS, condenado por fraude a 6 años y 3 meses de prisión y absuelto de asociación ilícita.
A todos los condenados se les inhabilitó a optar a cargos públicos durante cuatro años.
Del caso IGSS Chiquimula
17. Salvador Rolando Alvarez Mérida. Absuelto por asociación ilícita y fraude.
18. Lester Otto Daniel Ortiz Lima. Absuelto por asociación ilícita.
19. Walter Omar Linares Pacheco. Absuelto por incumplimento de deberes
20. Alma Judith Méndez Blanco. Absuelta por testaferrato
21. Jorge Mario López Pellecer. Absuelto por fraude y asociación ilícita.
El costo del juicio lo pagará el Estado de Guatemala y las pruebas serán devueltas.