Los guatemaltecos, por lo general, tenemos una opinión para casi todo, especialmente si se trata de lo que ocurre en el gobierno. Aunque no todos seamos conscientes de ello, nuestra ideología política influye mucho en nuestra manera de juzgar las acciones de los funcionarios públicos.
Lo anterior es inevitable y de hecho es normal, pues todos los ciudadanos tenemos, por poco articulada que ésta sea, una forma de concebir el papel que debe jugar el gobierno en nuestra sociedad.
El problema radica en que muchos guatemaltecos, al opinar sobre las acciones de quienes están para servir al pueblo, han desarrollado — ya sea a propósito o por desconocimiento — el mal hábito de ignorar lo que es correcto en la función pública según la ética.
Esta situación nos afecta a todos, pues se ve reflejada en opiniones — y acciones — ciudadanas que poco o nada contribuyen al proceso político en nuestro país.
Por ejemplo, hay algunos ciudadanos que ven con buenos ojos el hecho de que el pasado 13 de agosto todos los ministros siguieran la orden del Presidente Jimmy Morales de ir a la Corte de Constitucionalidad (CC) para apoyar a la Canciller Sandra Jovel en su defensa de la decisión del gobierno de solicitar el retiro del Embajador Anders Kompass.
La razón principal que dan los que juzgan positivamente a los ministros es que era necesario que todo el Gabinete de Gobierno demostrara su apoyo al Estado de Derecho en nuestro país, el cual, según estos ciudadanos, la CC viola al interferir con la legitimidad del Presidente Morales de poder solicitar el retiro del embajador sueco.
Ahora bien, al juzgar positivamente la presencia de los ministros en la CC, estos guatemaltecos ignoran que entre las obligaciones morales de los funcionarios públicos están: promover el bien común y hacer un uso responsable de los recursos del Estado.
Tomando en cuenta lo anterior, los ministros no hicieron lo correcto y por lo tanto sus acciones no se pueden juzgar positivamente, pues en lugar de desperdiciar tiempo y recursos públicos en asistir a la vista pública en la CC, los ministros deberían haber estado con sus equipos de trabajo atendiendo los problemas más graves que aquejan a nuestro país.
Entonces, tengamos cuidado de que nuestra ideología política no nos ciegue, pues al juzgar a los funcionarios — y actuar como ciudadanía — siempre debemos de determinar si sus acciones cumplen con las normas de ética del servicio público.
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