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Yerno de Otto Pérez Molina enfrenta juicio por soborno

  • Por Dulce Rivera
10 de junio de 2024, 16:57
Gustavo Martínez, yerno de Otto Pérez Molina, enfrenta juicio por el caso TCQ. (Foto: Soy502/archivo)

Gustavo Martínez, yerno de Otto Pérez Molina, enfrenta juicio por el caso TCQ. (Foto: Soy502/archivo)

Este lunes inició el juicio en contra de cinco personas vinculadas al caso TCQ, entre ellas Gustavo Martínez, yerno del expresidente Otto Pérez Molina. 

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En el juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Manolo López, inició el juicio en contra de cinco personas implicadas en el caso TCQ. 

El Ministerio Público los acusa de recibir sobornos a cambio de favorecer un contrato que sería otorgado por 25 años a la Terminal de Contenedores. 

Este caso fue presentado en 2016, por el MP y la extinta Comisión Internacional en contra de la Impunidad de Guatemala (CICIG). 

El debate oral y público inició este lunes, pero se espera que se demore varias semanas. 

Entre los implicados están: 

  • Gustavo Martínez, exsecretario Privado de la Presidencia y yerno del expresidente Otto Pérez Molina. Acusado de Asociación Ilícita y Fraude
  • Douglas René Charchal, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. Enfrenta juicio por Asociación ilícita y tráfico de influencias
  • Julio Norberto Esquivel Orellana, por enriquecimiento ilícito
  • Lázaro Noe Reyes Mata, por enriquecimiento ilícito
  • Mario Ruano San José, por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito

El caso 

Los entonces presidente y vicepresidenta del país, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, recibieron un soborno de, al menos, 24.5 millones de dólares a cambio de entregar un usufructo de 25 años para una terminal de contenedores dentro de Puerto Quetzal a la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona.

La investigación estableció que de enero del 2012 y hasta abril de 2015 se concertó un grupo con roles definidos para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad parte del terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, el desarrollo y la operación de una terminal privada de contenedores.

Dicha asociación entre los sindicados tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del cual la organización obtuvo beneficios y dirigió acciones para ocultar y blanquear las millonarias sumas de dinero producto de los sobornos.

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