Pese a los millones de dólares que ha costado el lobby anti CICIG en Washington, pese a las horas extra de los netcenters, pese a las súplicas y las genuflexiones, Donald Trump le dio la espalda al presidente Jimmy Morales y firmó la ley mediante la cual se hará pública una lista negra de funcionarios corruptos de Centroamérica.
Desde que el Ministerio Público y la CICIG decidieron ligar a proceso al hijo y al hermano de Morales en un caso de fraude y lavado de dinero, una idea fija ha dominado al presidente: echar de Guatemala al Jefe de la CICIG, Iván Velásquez, y detener la lucha contra la corrupción iniciada en 2015.
Creyendo que podría ganarse al ala más conservadora de Washington y de la familia Trump, Morales estuvo dispuesto a entregarle a la Casa Blanca algo que nadie más estaba dispuesto a hacer: trasladar la embajada de Guatemala a Jerusalén, un movimiento con el que Washington ha amagado desde hace décadas pero que jamás ha cumplido, ni siquiera ahora, después de que Guatemala ya lo concretó.
El gesto de Guatemala fue recompensando con una avalancha de actos protocolarios: vuelos privados con magnates israelíes, recepciones de alfombra roja, letreros luminosos en las murallas de Jerusalén y hasta una moneda conmemorativa con la efigie de Jimmy a la par del rey Ciro.
También hubo concesiones políticas.
El senador Marco Rubio pidió que se congelaran temporalmente los fondos que Washington entrega a CICIG y la Comisión Helsinki llevó a cabo una audiencia donde se ventilaron quejas y acres recriminaciones contra CICIG, en cuenta la especie de que el propio Vladimir Putin tiene a Iván Velásquez bajo su ala, una teoría por demás absurda para quien conoce los entresijos del famoso caso Bitkov.
En el inventario de logros hay que anotar además que los funcionarios de Morales viajan a Washington y les abren la puerta, algo que no conseguían los del gobierno del Partido Patriota, a quienes solo mandaban de vuelta con gruñidos.
Pero en esencia, ¿cambió la política bipartidista de Washington hacia el Triángulo Norte? ¿Dejaron de vernos como una de las cinco amenazas más importantes a su seguridad nacional? Por lo que hemos visto en las últimas semanas, la respuesta es un contundente “no”.
Cinco congresistas estadounidenses enviaron una solicitud formal a la Casa Blanca para que ésta aplique las sanciones de la Ley Magnitsky a dos empresarios guatemaltecos y uno mexicano que opera en Guatemala.
Luego, el presidente Trump convirtió en ley la solicitud de la congresista Norma Torres, de origen guatemalteco, quien pidió establecer una lista negra de funcionarios corruptos centroamericanos. Y conocemos el efecto devastador de estos instrumentos de castigo financiero que básicamente condenan a la muerte bancaria y comercial.
La moratoria para los fondos de CICIG solicitada por el senador Rubio está por levantarse, según afirman fuentes diplomáticas.
La embajada en Jerusalén le compró tiempo a Morales y gestos de deferencia.
Pero Washington sigue siendo Washington y era ilusorio pensar que un movimiento simbólico de un país del Triángulo Norte como Guatemala sería suficiente para cambiar el tablero geopolítico del que sigue siendo, incluso a su pesar, el imperio unipolar de este hemisferio.
Más de Dina Fernández:
