La comisión de Seguridad y Cooperación en Europa de los Estados Unidos sostendrá este viernes 27 de abril una audiencia en Washington sobre un proceso desarrollado en Guatemala que parece sacado de una trama de espionaje internacional: el caso de los Bitkov, una familia rusa que vino huyendo a Guatemala en 2009, que enfrentó juicio por usar documentos de identidad falsificados, fue condenada a severas penas de prisión a principios de este año y ayer, en un inesperado desenlace "in extremis", fue favorecida en una resolución por la Corte de Constitucionalidad, que encontró vicios en la apertura a juicio.
Esta audiencia en Washington podría tener consecuencias perjudiciales para CICIG y la lucha contra la corrupción en Guatemala, que no tendrán la oportunidad de presentar su versión ya que a la sesión solo están convocados dos abogados de la familia Bitkov, Rolando Alvarado y Victoria Sandoval, y un financiero multimillonario, Bill Browder, fundador de la Campaña Magnitsky para la Justicia, quien se ha dedicado a denunciar los abusos del gobierno ruso y en especial, de Vladimir Putin.
Varios de los congresistas y Senadores que integran la Comisión Helsinki sospechan que el gobierno de Putin, acusado de haber intervenido en las últimas elecciones de Estados Unidos, también infiltró o reclutó a la CICIG para perseguir a los Bitkov.
¿Por qué lo creen? Por el testimonio de Igor Bitkov, quien asegura que su familia era propietaria de un aserradero en Rusia. El negocio marchaba muy bien hasta que la familia perdió el favor político de Putin, quien los habría perseguido despiadadamente y orillado a una estrepitosa quiebra financiera, en la que dejaron deudas por más de 400 millones de dólares en bancos estatales.
Desesperados, los Bitkov aseguran que vieron en internet avisos comerciales de una firma guatemalteca que ofrecía pasaportes a un costo de 50 mil dólares por persona. Negociaron con ellos documentos y nuevas identidades y escaparon de Rusia para empezar una nueva vida en Centroamérica.
Ya instalada en Guatemala, la familia incluso financió varios episodios de un "reality show" protagonizado por la hija del matrimonio Bitkov, Anastasia: una serie diseñada para atraer turismo a nuestro país.
El problema fue que la CICIG y el MP iniciaron en 2010 una investigación de la red criminal que le vendió a esta familia los documentos de identidad guatemaltecos falsificados.
La investigación prosperó y acabó llevando a juicio a los Bitkov y otras 36 personas, entre ellas once funcionarios del Renap y tres de la Dirección General de Migración. Los cargos imputados a la red criminal fueron muy serios: asociación ilícita, falsedad ideológica, tránsito, ingreso y transporte ilegal de personas, entre otros.
En enero de este año, el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por Yassmín Barrios, impuso sentencias graves a los procesados del caso conocido como "Migración". Igor Bitkov fue condenado a 20 años mientras que Irina y Anastasia, a 14, por usurpación y alteración de estado civil, así como por uso de documentos falsificados.
En su sitio web, la Comisión Helsinky se hace eco de los argumentos de esta familia rusa, al afirmar que han sido "brutalmente perseguidos por Putin y re victimizados en Guatemala", donde acaso serían culpables de cometer "irregularidades en documentos, sancionables con una simple multa" y no con penas de casi 20 años de prisión.
Entre tanto, la CICIG asegura que trató a los Bitkov como a los demás implicados en el caso. La revista The Economist publicó un artículo sobre el tema titulado "Daño Colateral", donde se afirma que según CICIG, el nombre de los Bitkov apareció en un allanamiento de una agencia de Migración; que a diferencia de otros procesados que recibieron penas menores de cárcel porque proporcionaron información, los Bitkov declinaron hacer un trato con la Fiscalía; que en la casa de la familia se encontraron fajos de cash y documentos de Igor Bitkov correspondientes a tres identidades distintas; y que la familia no logró probar adecuadamente la persecución política del gobierno ruso.
Para fortuna de los Bitkov, la CC revocó su condena. El gobierno de Jimmy Morales podría concederles el estatus de asilados políticos que se negó a otorgarles en 2016. El gobierno de los Estados Unidos también podría asilarlos y resolver su situación. El panorama es más complejo para la CICIG y el MP, que podrían verse afectadas por una opinión adversa de la Comisión Helsinky.
Mientras se dilucida qué resultados tendrá la audiencia, llama la atención que el caso Bitkov toca a funcionarios cercanos a Jimmy Morales.
El inicio de la investigación de la red de pasaportes falsos que implicó a los Bitkov coincide con la gestión de Enrique Degenhart como inteventor de la Dirección General de Migración, de 2010 a 2012, en el gobierno de Álvaro Colom. Degenhart fue nombrado ministro de gobernación de Jimmy Morales hace apenas unas semanas.
Otro dato conspicuo es que el despacho de abogados de Henry Comte, actual magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, accionó en Guatemala contra los Bitkov, al representar al banco ruso VTB, uno de los acreedores de la familia. Comte fue designado en su cargo actual como magistrado por el presidente Morales.
Intriga también que el caso de la familia Bitkov se ventila en Washington gracias a los esfuerzos de un multimillonario financiero, Bill Browder, quien hizo una fabulosa fortuna en Rusia entre 1996 y 2006, gracias a un fondo de inversión, hasta que se enemistó a muerte con el Kremlin.
Fue gracias a las denuncias de Browder contra el régimen de Putin que se creó en Estados Unidos la "Ley Magnitsky". Esta fue inicialmente diseñada para castigar los abusos de funcionarios y oligarcas rusos pero posteriormente se transformó en un instrumento legal para imponer severas sanciones financieras a sospechosos de cometer actos de corrupción o violaciones de los derechos humanos. Entre los sancionados con la ley Magnitsky hay, además de rusos, decenas de venezolanos, iraníes, sirios y desde el año pasado, el diputado guatemalteco Julio Juárez, acusado de la muerte de dos periodistas en Suchitepéquez.
En un paradójico giro de acontecimientos, el impulsor de la "Ley Magnitsky", una herramienta que el Departamento de Estado y la Comisión de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos han contemplado usar en el caso Guatemala para apoyar los esfuerzos de CICIG y el MP, podría ahora resultar metiéndole zancadilla a la lucha contra la corrupción.
Paradójico es también que las autoridades norteamericanas, que suelen reclamar de Guatemala y Centroamérica un combate frontal a las redes criminales dedicadas a la trata de personas, pongan ahora bajo la lupa un proceso que hizo precisamente eso.
Nadie sabe, al fin, para quién trabaja. Menos en los sórdidos recovecos de la política guatemalteca.
