Traficantes de Influencias: red ofrecía trámites exprés en la SAT

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El nuevo caso que presentaron el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) involucra a políticos, empresarios, funcionarios judiciales, exfuncionarios de la SAT, abogados y particulares, quienes integraron una red que cobró Q19 millones en comisiones ilegales. 

La estructura estaría integrada por 29 personas, de las cuales se capturó a ocho, diez están prófugas, nueve serán citadas y dos gozan del derecho de antejuicio. 

Según Thelma Aldana, fiscal general, la figura central de la red del caso Tráfico de Influencias es Geovani Marroquín Navas, quien ya guarda prisión preventiva por los expedientes La Línea y Aceros de Guatemala. Él "negoció, ofreció y dio beneficios económicos a funcionarios de la SAT para alterar el orden de los expedientes de devolución fiscal".

Aldana explicó que los “servicios” de Marroquín Navas consistían en ofrecer el trámite exprés en las solicitudes ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para la devolución de crédito fiscal. El proceso implicaba un sistema de porcentajes: por ejemplo, si tardaba un mes en dar resultados, se exigía el 12% de la devolución.

Este monto se dividía en dos partes: un 66% se utilizaba para sobornar a los funcionarios de la SAT involucrados y el porcentaje restante era para Marroquín Navas.

Los servicios también incluían el interponer amparos ante los tribunales de justicia, para que se ordenara agilizar los procesos de devolución del crédito fiscal. Sin embargo, según explicó Iván Velásquez, jefe de la CICIG, estos solo eran para darle apariencia de legalidad, ya que los procesos continuaban su curso en la SAT, para que lograra salir cuanto antes.

Había otras personas que tenían acceso al “catálogo” de “servicios” ilícitos, como el exvicepresidenciable de la UNE, Mario Leal Castillo; o como aparenta haberlo sido el diputado Felipe Alejos, actual primer vicepresidente del Congreso.

El caso es tramitado en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal a cargo del juez Walter Villatoro. Los primeros ocho detenidos fueron enviados a prisión provisional a la cárcel Mariscal Zavala y la audiencia de primera declaración se programó para el próximo 31 de enero. 

Políticos involucrados 

Mario Leal Castillo, excandidato vicepresidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), es señalado como uno de los tres intermediarios de la red criminal. El político habría recibido unos Q3 millones en concepto de “comisión” ilegal por su captación de empresarios.

El viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, informó que el exvicepresidenciable tiene orden de captura por lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho. Hay información de que desde el 2016 no está en Guatemala y su ubicación podría ser República Dominicana.

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El diputado 

El primer vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, también aparece señalado. La jefa del MP reveló el alias del congresista: "Se le conocía como 'Filipao'".

De acuerdo con la investigación, el legislador era el tercer intermediario, al igual que Mario Leal, es decir que captaba clientes para la red. Aún no se ha determinado cuánto pudo haber recibido en comisiones ilegales, debido a que la investigación no puede avanzar hasta que se le retire la inmunidad; aunque las pesquisas preliminares detallan que una de las empresas captadas por Felipe Alejos es el Ingenio Palo Gordo. 

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El MP presentó una petición de antejuicio. Para justificarla, la entidad presentó la declaración del testigo Rodrigo Presa Riera, quien indicó que tuvo comunicación con el diputado en una reunión social y que fue ahí donde Alejos le ofreció sus servicios. 

Las empresas 

La investigación del MP describe que se agilizaron de forma irregular al menos 30 expedientes administrativos de devolución fiscal de nueve empresas y que los hechos ocurrieron en 2011, 2013 y 2014. 

Las nueve compañías son: Aceros de Guatemala, Industrias de Tubos y Perfiles, Maya Quetzal, MAG Alcoholes, Ingenio Magdalena, Productos y Servicios Azucareros, Producción y Negocios Industriales, Reforestadora de Palma de El Petén e Ingenio Palo Gordo. 

El juez 

El MP también presentó antejuicio en contra del juez séptimo de Primera Instancia Penal, Adrián Rodríguez, quien en una resolución desvinculó a la empresa Aceros de Guatemala de la acusación que presentó el MP. El juzgador pudo haber cometido prevaricato. 

Además está imputado un oficial del juzgado, quien fue el enlace entre la estructura y Rodríguez. 

Implicados 

Capturados

1. Álvaro Orlando Soria Ortiz y Jorge Dagoberto Arriola Lucero (asociación ilícita y cohecho activo).
2. Christian René Álvarez Vega (asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos).
3. Marlon Estuardo Marroquín Silva (asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero y otros activos).
4. Luis Fernando Leal Toledo, Jorge Luis Monterroso Toledo e Inngmar Walterio Iten Rodríguez (cohecho activo).
5. Rudy Baldemar Villeda Vanegas (enriquecimiento ilícito).

Sin capturar

1. Pablo Gerardo Muñoz Morales y Mario Roberto Leal Castillo (asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero y otros activos).
2. Jorge Mario Morán Sosa (asociación ilícita y cohecho activo).
3. Ardany Ernesto Caal Caal (asociación ilícita y cohecho pasivo).
4. Carlos Enrique Arévalo García (cohecho activo y defraudación tributaria).
5. Jorge Estuardo Moreno de León, Hugo Alberto Molina Botrán, Luis Alberto Paz Masek y Juan Milton Molina Botrán (cohecho activo).
6. Jorge Raúl Cardona Alfaro (lavado de dinero y otros activos).

Citados a declarar

1. María Eugenia Valdés Gómez, Rigoberto Chacaj Soc y Alfredo Muñoz Ledo Carrillo (asociación ilícita y cohecho activo).
2. Carlos Enrique Muñoz Roldán, Alfonzo Romeo Castillo Castro, Geovani Marroquín Navas, Álvaro Omar Franco Chacón y Ariel de Jesús Guerra Castillo (asociación ilícita y cohecho pasivo).
3. Mario Roberto Leal Pivaral (cohecho activo).