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Enfrentarán proceso por mala práctica médica en caso de Walter

  • Por Evelyn De León
20 de febrero de 2019, 14:35
El juez José Eduardo Cojulún está a cargo del proceso en contra de los tres médicos. (Foto: Evelyn de León/Soy502)

El juez José Eduardo Cojulún está a cargo del proceso en contra de los tres médicos. (Foto: Evelyn de León/Soy502)

Los tres médicos señalados por el Ministerio Público (MP) de negligencia, en el tratamiento al pequeño Walter a quien se le amputó la pierna derecha, enfrentarán proceso penal por incumplimiento de deberes y lesiones culposas.

El juez Undécimo de Primera Instancia Penal, José Eduardo Cojulún, resolvió que sí existen indicios que hacen suponer que los tres profesionales de la medicina no atendieron de manera adecuada al pequeño.

Walter Valenzuela Saavedra entró al hospital por una neumonía y salió con una pierna amputada. La familia busca justicia por lo que considera una negligencia médica. (Foto: cortesía familia)
Walter Valenzuela Saavedra entró al hospital por una neumonía y salió con una pierna amputada. La familia busca justicia por lo que considera una negligencia médica. (Foto: cortesía familia)

De acuerdo con la fiscalía, Walter ingresó al Hospital de Zacapa con fiebre y luego se complicó su estado por deshidratación. Estuvo hospitalizado del 19 al 21 de agosto de 2018. Al ser trasladado al Hospital General San Juan de Dios se decidió amputarle la pierna por las complicaciones que ya tenía por no colocársele de manera adecuada un catéter.

Los delitos culposos son los que se cometen cuando no se tiene la intención, el ánimo del daño
José Eduardo Cojulun
, juez Undécimo de Primera Instancia Penal

Cojulún fundamentó su resolución en un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) donde se detalla que el paciente recibió la atención debida pasadas 16 horas. También se concluye en que existió “falta de entrenamiento y habilidad” para colocar el catéter.

Los expertos del Inacif rindieron el informe después de analizar el expediente clínico del pequeño Walter.

Señores médicos con esto, cualquier juzgador que tiene el conocimiento de un especialista llega a una conclusión
José Eduardo Cojulun
, juez Undécimo de Primera Instancia Penal

Cojulún modificó el delito que solicitó el MP de lesiones gravísimas por lesiones culposas.

La defensa

Los tres médicos señalados son: Joshua Romero Figueroa, Luis Daniel Barrios Morales y Erick Enrique Rodríguez Morales. Estos trataron de desvincularse indicando que no son empleados o funcionarios públicos debido a que sus servicios en el hospital de Zacapa eran prestados a través de contratos profesionales.

El juez Cojulún rechazó estos argumentos y declaró que los médicos deberán enfrentar proceso penal.

La madre de Walter, Tatiana Saavedra, tuvo la oportunidad de expresarse durante la audiencia de primera declaración. Dijo entre lágrimas que sentía que era injusto que le hubiesen devuelto a su hijo sin una pierna.

Tatiana no pudo seguir frente al micrófono al verse afectada emocionalmente. 

Médicos se defienden

Dos de los tres médicos decidieron brindar su versión de lo ocurrido. El único que se abstuvo de declarar fue Luis Daniel Barrios Morales jefe de Pediatría del Hospital de Zacapa en el momento de los hechos.

Según el MP, Barrios “no cumplió con los cuidados”. La defensa argumentó que se realizó todo el procedimiento debido.

Joshua Romero, el pediatra que colocó el catéter al pequeño Walter narró cómo fue ese día. Según él, el niño al estar en la sala de intensivos tenía riesgo de muerte. “Todos los pacientes que están ahí tienen riesgo de muerte”, expresó.

Recordó que en otras dos ocasiones el niño ya había sido atendido en ese centro asistencial. 

Erick Rodríguez, el otro pediatra implicado aceptó que no todo el procedimiento fue anotado en el expediente. Aunque trató de desvirtuar la sindicación de falta de atención médica. 

El comité de ética del Hospital de Zacapa también emitió una sanción por los hechos.

El juez José Eduardo Cojulún también resolvió otorgarles medidas sustitutivas en lugar de la prisión. Los profesionales deben pagar una caución económica de 25 mi quetzales cada uno.

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