Mientras que varios sectores del país ven un riesgo institucional por el conflicto que existe entre el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC), el presidente Alejandro Giammattei le restó importancia y aseguró que es un problema que no le concierne.
Este problema entre las cortes y el Congreso, incluso motivó a varios diputados a pedir la intervención del Organización de Estados Americanos (OEA), debido a que el Organismo Legislativo se ha negado a cumplir resoluciones de la CC.
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Gobierno está al margen
Sin embargo, en una visita a Huehuetenango, el presidente Giammattei insistió en que el Ejecutivo es respetuoso de la separación de poderes y que el Gobierno "está al margen".
"Es un problema que debe de dirimirse en cortes, no es un problema del Ejecutivo... Nosotros invitamos a que se diriman las diferencias en cortes y a través del diálogo. No es un problema mío", manifestó el mandatario.
Además, dijo: "Recordémonos de algo. Guatemala tiene tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Golpe de estado significa la vulneración de los tres poderes o de uno de ellos. Eso es un golpe de Estado, lo demás son líos judiciales que se deben de resolver en los tribunales de justicia".
Disputa
Todo empezó el 28 de mayo cuando el MP pidió al Congreso separar del proceso del elección de jueces y magistrados de salas de Apelaciones y de la CSJ a los abogados que tuvieran señalamientos. Incluso, presentó una investigación sobre varias reuniones que sostuvieron varios candidatos con el exsecretario General de la Presidencia, Gustavo Alejos, quien es acusado de varios actos de corrupción.
Los diputados optaron por obviar el informe, por lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó un amparo a la CC para obligar al Congreso a asumir el informe del MP, el cual fue otorgado.
No obstante, la decisión fue impugnada en la CSJ por el abogado José Roberto Guzmán Hernández, quien pidió retirar el antejuicio a cuatro magistrados de la CC por la resolución en favor de la PDH, al considerar que era una orden ilegal, el cual fue le fue otorgado y los congresistas integraron en tiempo récord la Comisión Pesquisidora.
La PDH volvió a actuar en contra de la resolución de la CSJ, el amparo le fue otorgado por la CC, quien además le pidió al Congreso el original del expediente contra los magistrados, pero los legisladores siguen incumpliendo la resolución, por lo que la CC pidió al MP certificar lo conducente e iniciar una investigación.
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