La CIDH instó al Estado de Guatemala garantizar el derecho a la protesta y a la reunión pacífica, en el contexto de las manifestaciones para exigir la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación por "diversas acciones que buscan deslegitimar y amedrentar a quienes se manifiestan en Guatemala".
Uno de los puntos que criticaron fue la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) que obliga a accionar con fuerza en contra del plantón que está frente al Ministerio Público (MP) desde el 2 de octubre, hecho que, según la CIDH "tiene como efecto limitar el derecho a la protesta".
"El Estado debe respetar y garantizar el derecho de reunión pacífica, y todos los derechos que se ponen en riesgo, como los de la vida e integridad de las personas manifestantes", publicaron a través de un comunicado.
De acuerdo con un monitoreo que la CIDH y la RELE han realizado de las manifestaciones en Guatemala, indicaron que "observan que el legítimo reclamo y descontento de la población ha sido expresado de manera pacífica en movilizaciones sociales, bloqueos de rutas y otros actos de protesta en el espacio público y frente a los edificios de instituciones estatales".
No obstante, han recibido denuncias sobre "acciones que buscan limitar el ejercicio del derecho a la protesta, en un clima de creciente tensión social", como "las declaraciones estigmatizantes y amenazas de criminalización provenientes de las más altas autoridades, así como agresiones y amenazas de particulares contra quienes se manifiestan en distintas partes del país, entre ellas, personas indígenas, defensoras y periodistas".
"Ante la coyuntura actual, la CIDH y la Relatoría consideran imperativo que se aborden las demandas legítimas de la población, por lo que la mesa de diálogo y el proceso de mediación que se desarrolla con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) constituye una vía idónea", subrayaron.
A su vez solicitaron al Estado de Guatemala su anuencia para realizar una visita al país, "dada la situación actual y sus efectos en los derechos humanos".
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