Me subí al carro y me ajusté la gorra: el plan era correr la media maratón de la ciudad. Era esa hora gris de la mañana en que las nubes empiezan a barrer la oscuridad.
Sonó el teléfono, era una colega y me extrañó que llamara tan temprano. Su voz sonó lúgubre: “lo hizo, mirá las redes de Presidencia”, dijo y colgó.
Sin haber corrido aún un solo paso, el ritmo cardíaco se me aceleró. Llevábamos días hablando del mismo tema, escuchando los truenos que preceden a la tempestad.
Sabíamos que el Presidente Jimmy Morales quería expulsar del país al jefe de la CICIG, Iván Velásquez. Sabíamos que el plan era pedir su cabeza en Nueva York. Sabíamos que muchos estaban presionándolo para hacerlo; sabíamos también que si lograban persuadirlo, el presidente abriría las compuertas a una crisis política sin precedentes.
Y así, de madrugada, con un video casero, el presidente Morales le declaró la guerra a la CICIG, la entidad que los propios guatemaltecos pedimos que se instalara en agosto de 2007, forzados a aceptar que no podíamos lidiar con las mafias enquistadas en el aparato estatal.
Una década después, en agosto de 2017, varios de los políticos que aprobaron en agosto de 2007 el acuerdo que dio vida a la CICIG (y que a lo largo de los años la criticaron socarronamente, diciendo que era inútil e inoperante), estaban presos y procesados por la Comisión Internacional.
Pese a que durante la campaña Morales pidió públicamente a la CICIG que lo investigara a él y su partido, esa madrugada el mandatario se plantó en el extremo opuesto.
A partir de ese momento se concatenaron una serie de eventos que nadie hubiera sido capaz de prever:
El repudiable intento del Congreso de excarcelar dos terceras partes del Código Penal.
El traslado de la Embajada de Guatemala a Jerusalén: un movimiento diplomático diseñado para ganarse el favor de la Casa Blanca.
La muerte del principal aliado del Presidente, Álvaro Arzú.
Que la Fiscal General electa por Morales con la esperanza de poner fin a la mancuerna MP/CICIG, decidiera, a su aire y manera, continuar con el combate a la corrupción.
Ha sido un año difícil y el pulso continúa, pues expulsar a Velásquez e inhabilitar a la CICIG se ha vuelto el objetivo prioritario del gobierno. Mientras ambas facciones intercambian golpes políticos, el país está paralizado, entre la incertidumbre y una “tormenta perfecta” de condiciones económicas adversas.
La media maratón de la ciudad fue ayer y en algún momento pensé si no volveríamos a despertarnos con sobresalto. Por fortuna, no ocurrió y la carrera se desarrolló en paz.
Está claro que el país no puede seguir con la corrupción endémica que nos trajo hasta aquí, esa lucha es irrenunciable, pero debemos encontrar una manera de reformar nuestro contrato social para salir adelante: se requieren entonces acuerdos políticos que no pueden ser de suma cera.
De lo contrario, seguiremos descendiendo, inexorablemente, al caos.
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