Cincuenta diputados de diferentes bancadas se agruparon para distanciarse de las acciones de la Comisión Permanente del Congreso y para pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) que analice la situación que vive el país, la cual consideran que atenta contra el orden constitucional.
La carta fue enviada este martes y está dirigida al secretario General de la OEA, Luis Almagro. En ella, los congresistas manifiestan una "profunda preocupación ante los graves hechos acaecidos" en Guatemala y que consideran podrá contribuir a la "cooptación de las instituciones nacionales por parte de redes de corrupción".
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En este momento se libra una lucha judicial entre la Comisión Permanente del Congreso, acuerpados por algunos directivos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), hecho que los legisladores consideran como un "conflicto de poderes" que "amenaza al orden constitucional".
"...como representantes políticos de la ciudadanía electos democráticamente, le solicitamos iniciar gestiones para que, de la manera más urgente y en el marco de los establecido en el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana, proceda a hacer un análisis de la situación que atraviesa nuestro país en estos momentos", señala la misiva.
Además, piden que se informe al Consejo Permanente de la OEA y que, "en caso sea necesario, se adopten las decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento".
50 #DiputadosGT de diferentes bancadas se distancian de la Comisión Permanente que dirige el @CongresoGuate y piden a @Almagro_OEA2015 que haga valer la Carta Democrática porque consideran que hay un rompimiento del orden constitucional pic.twitter.com/gPDhyKqrxI
La carta está firmada por diputados de Bienestar Nacional, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Winaq, Movimiento Semilla, Partido de Avanzada Nacional, de la Unidad Nacional de la Esperanza y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
Disputa
La disputa inició el 28 de mayo cuando el Ministerio Público (MP) entregó un informe con una lista de abogados señalados y pidió apartarlos del proceso de elección de jueces y magistrados de salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sin embargo, los diputados hicieron caso omiso, por lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó un amparo a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que obligara al Congreso a asumir el informe del MP, el cual le fue otorgado.
Esto fue tomado por el abogado José Roberto Guzmán Hernández como una orden ilegal, por lo que solicitó el retiro del antejuicio de cuatro magistrados de la CC, el cual le fue otorgado. De manera ágil y sin retrasos el Congreso integró la Comisión Pesquisidora para iniciar el informe contra los profesionales en el derecho.
Pero la PDH presentó una nueva acción en la CC para obligar al Congreso a conocer el informe del MP y excluir a los candidatos señalados, recurso que fue aprobado por los magistrados, pero que los legisladores se negaron a cumplir. La CC solicitó al MP iniciar una investigación, la cual aún está en proceso.
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