Una investigación del diario "El Confidencial" de España, revela que el empresario español Ángel Pérez-Maura acusado en Guatemala en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), habría pagado sobornos en España para evitar su extradición al país.
La publicación surge días después que se oficializará la negativa de entrega a Guatemala. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, consultado al respecto declaró de la noticia: “Desconozco la investigación, aunque la negativa según la resolución obedece al tema de su nacionalidad española...lo que es normal: dejaron abierta la puerta para ser juzgado en territorio español”.
- TE INTERESA:
La publicación reveladora
Este es el texto que publica El Confidencial. El negocio del comisario José Manuel Villarejo con el empresario español Ángel Pérez-Maura tenía un precio y unos objetivos.
Según informan a El Confidencial fuentes cercanas al caso, el policía pactó con su cliente un precio total de seis millones de euros (unos 54 millones de quetzales) si alcanzaba el éxito completo en los términos establecidos y lograba desvincularle de forma radical de la investigación en su contra emprendida por las autoridades guatemaltecas en un megacaso de corrupción contra el expresidente Otto Pérez Molina.
El policía retirado prometió avances para frustrar la causa. Los primeros contactos con Pérez-Maura son anteriores a la implicación directa del naviero en la investigación guatemalteca y arrancaron en 2016, coincidiendo con la detención de un ciudadano español empleado en Guatemala, el gerente local de su compañía Juan José Suárez Meseguer.
- EL ESPAÑOL EN GUATEMALA
Villarejo actuó como solía con el resto de sus clientes. Prometió hacer uso de sus contactos en la Policía y la Audiencia Nacional y, en concreto, ofreció su capacidad de llegar a personas de la Fiscalía.
En este ámbito se enmarca la cita que anotó con la ministra Dolores Delgado y que ella niega haber celebrado. La Audiencia Nacional investiga ahora pagos del comisario a uno de los amigos más cercanos de la titular de Justicia, el exjuez Baltasar Garzón, que ejerce como abogado desde su inhabilitación por la condena del Tribunal Supremo.
La pista que activó todas las alarmas partió de nuevo del propio comisario y su celo a la hora de conservar grabaciones de sus encuentros, documentación sobre sus negocios al margen de la Policía y anotaciones.
- LOS SOBORNOS EN GUATEMALA
El procedimiento que Villarejo quería frustrar se cerró hace solo unos meses. Pese a ello, en un auto del pasado mayo, la sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional negó la extradición a Guatemala por su condición de español, aunque abrió la puerta a que fuese enjuiciado en territorio nacional por el delito de cohecho.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, que le reclama, solicitó el pasado 18 de junio una cesión de jurisdicción para lograr su enjuiciamiento.
En un escrito al que ha tenido accedo El Confidencial, la Unidad de Asuntos Internacionales pide que se inicien "las gestiones que correspondan para llevar a juicio a Ángel Pérez-Maura". El escrito aparece firmado por el fiscal del caso de La Línea, Juan Francisco Sandoval.
La acusación para Pérez Maura
Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala(CICIG), la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) habría ofrecido un soborno de 24.5 millones de dólares al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, a cambio de este usufructo de 25 años.
Ángel Pérez-Maura tiene orden de captura internacional por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y fraude. El empresario era el vicepresidente de TCB al momento de la firma del contrato con el Gobierno de Guatemala.
