Una nueva investigación por financiamiento electoral ilícito motivó al Ministerio Público (MP), en acompañamiento con la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), solicitar antejuicio contra Sandra Torres y retirarle la inmunidad, pero ¿por qué la candidata a la Presidencia ya cuenta con este derecho?
Torres recibió sus credenciales como candidata a la Presidencia en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la tarde de este martes, por lo que a partir de ese momento, la candidata goza del derecho de antejuicio, al igual que todos los candidatos oficiales.
Las investigaciones se revelaron un día después de que el TSE le entregara a Sandra Torres sus credenciales como candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
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La Ley en Materia de Antejuicio regula este aspecto y no es más que una protección constitucional para algunos funcionarios, en este caso también candidatos inscritos a la Presidencia, lo que les otorga inmunidad judicial.
El @MPguatemala por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad #Feci con la @PNCdeGuatemala realizan esta mañana diligencias las cuales se encuentran en desarrollo. Se trata de una investigación conjunta del @MPguatemala con apoyo de @CICIGgt Ampliaremos información. pic.twitter.com/bvfIbzpweD
Una situación similar pasó el candidato a la Presidencia por el partido Fuerza, José Mauricio Radford Hernández, quien luego de ser inscrito oficialmente ante el TSE, recibió una solicitud de retiro de inmunidad por parte de la Fiscalía de Delitos Electorales por alterar y cambiar un acta de ese partido en 2015.
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Usuarios de redes sociales reaccionaron ante la situación y argumentaron que todo estaba preparado para que Torres tuviera inmunidad antes de presentar la investigación.
Y aunque la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP no ha profundizado en el tema, se dice que la investigación estaba preparada desde hace algunos meses pero no fue judicializada hasta este miércoles 6 de febrero.
Según fuentes del TSE si procede el antejuicio y finalmente son ligados a proceso penal, el máximo ente en materia de elecciones deberá decidir qué hacer en cuanto a las papeletas electorales y retirarlos o no de la contienda, situación que es analizada por los Magistrados de dicha entidad.
