Cuatro años han pasado desde que la Contraloría General de Cuentas (CGC) advirtió varias irregularidades relacionadas con un proyecto de construcción de un edificio para el Centro Universitario de Occidente (Cunoc) de la Universidad de San Carlos, del que se pagó una parte, pero nunca se construyó y que ahora forma parte de las investigaciones pendientes que trasladó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) al Ministerio Público (MP).
En 2014 la CGC elaboró un examen especial de fiscalización preventiva sobre la obra "Construcción de un edificio para clínicas, laboratorios y aulas puras, para la Escuela de Medicina y Odontología del Cunoc en la Ciudad de Quetzaltenango, Usac", el cual fue otorgado a la empresa Constructora de Obras Civiles (Cocisa) por un monto de 64 millones 120 mil 730 quetzales, mismo que fue aprobado por la Junta de Licitación, pese a que habían encontrado diferencias en el monto total de la oferta y los montos específicos por más de 3 millones de quetzales.
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Las irregularidades fueron evidentes desde que se contrató a la empresa, ya que la oferta presentada fue por 68 millones 001 mil 488 quetzales, pero la Junta de Licitación se percató de varios "errores aritméticos en la integración de precios unitarios" que dejaba lo oferta en 64 millones 120 mil 730 quetzales, según el informe de la CGC, en donde aseguran que, si bien la Junta de Licitación otorgó un plazo de tres días a la Constructora para justificar los cambios, al momento de hacer la Auditoría Preventiva, se percataron que "los errores persisten".
Aunque en su momento los auditores recomendaron suspender de manera provisional el proyecto, al final el proyecto continuó activo en el portal de Guatecompras, por lo que la Comisión de Auditoría de la CGC establecieron que todas las acciones legales y administrativas que se derivaran del proceso serían responsabilidad de las Autoridades de la Usac, dirigidas en ese entonces por el exrector Estuardo Gálvez.
Luego de los hallazgos, las autoridades de la Usac justificaron que estaba entre el papel de la Junta de Licitación corregir errores y que la corrección se vio como un "ahorro" de "casi 4 millones de quetzales" y que no "implicaba ninguna alteración a las especificaciones y calidad de la obra, ni tampoco presenta incremento o decremento de las cantidades de los renglones de trabajo, sino únicamente implica que la operación aritmética de costos tenía error y fue corregida".
Por consiguiente, la Usac aprobó la construcción y, peor aún, pagó un 20% del total de la obra consistente en 11 millones 450 mil 130 quetzales, que hasta el momento, no han sido devueltos por parte de Cocisa, según el acta 12-2018 del Consejo Superior Universitario (CSU) y las investigaciones de la CICIG.
¿Hubo denuncia?
Luego de plantear sus hallazgos y recomendaciones, la CGC presentó una denuncia penal por fraude ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción en julio de 2015. Sin embargo, a la fecha "no hay pronunciamiento por parte del ente investigador", señala la CICIG en el informe presentado al MP.
Además, pese a las consecuencia legales que provocó la obra, no fue hasta junio de 2018 cuando las autoridades del Consejo Superior Universitario (CSU) tomaron cartas en el asunto y decidieron presentar una denuncia penal contra las autoridades y la constructora Cocisa. Y no fue fácil, como consta en el acta 12-2018, pues hubo diferencias con algunos de sus miembros, pero la mayoría optó porque Asuntos Jurídicos de la Usac accionara.
Según la denuncia presentada por Asuntos Jurídicos de la Usac, las autoridades de ese entonces no actuaron de manera inmediata ni para ejecutar la fianza de cumplimiento, por lo que no se recibió ningún beneficio para la Universidad, no se construyó la obra, ni se reintegraron los más de 11 millones de quetzales que ya se habían desembolsado para que Cocisa iniciara con la construcción.
Al final la Usac accionó contra el exrector Estuardo Gálvez, así como contra Marcia Ivonne Veliz Vargas, Harry Efraín Ochaeta Galindo, Edy Guillermo Cruz, Luis Alfredo Hernández Ortiz, William Julio Gómez Díaz, Erick Arnoldo Cifuentes Sánchez, Henry Manuel Arriaga Contreras, Álvaro Amílcar Folgar Portillo, Mario Alexander Velásquez Pérez, Rolando Grajeda Tobar , Dany Abraham Hernández López, Rosa María Ramírez Soto y Manfredo Chavarría Linares, por haber autorizado la obra y porque algunos integraron la Junta de Licitación.
La denuncia se presentó por los cargos de cohecho, fraude, colusión, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, asociación ilícita, falsedad material, falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y usurpación de atribuciones.
Varios de los denunciados aún laboraban en la Usac, por ejemplo Mario Alexander Velásquez Pérez, coordina la Comisión, Normalización y Control de Bienes Inmuebles Inmuebles; Dany Hernández en la División de Servicios Generales, y Rosa María Ramírez en la Dirección de Asuntos Jurídicos.
En el acta del CSU se establece que en septiembre de 2014 Auditoría Interna también reparaba en errores, incluso se hizo la salvedad que hubo incumplimientos en los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que no fueron subsanados en su oportunidad que esa dependencia se eximió de cualquier señalamiento futuro.
Casi un año después, una Comisión de Alto nivel reconoció que se subsanó uno de los hallazgos de la CGC relativo al registro de la Escritura Pública donde se construiría el proyecto del Cunoc, pero hicieron ver que "hubo otros incumplimientos... que la Usac no desvaneció..., razón por la que no se ha continuado con la ejecución de la obra" y no descarta que haya implicaciones legales por el "omiso de las irregularidades señaladas".
Soy502 trató de comunicarse con el exrector Estuardo Gálvez, sin embargo, su teléfono celular envía de manera directa a buzón. Se le dejaron mensajes que no respondió.
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