Mediante varios cambios a una ley, se busca agilizar la construcción de infraestructura pública, con la participación de la iniciativa privada.
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En el Congreso de la República se impulsa una serie de reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas y uno de los propósitos es permitir que las municipalidades puedan trabajar en conjunto con empresas para ejecutar diferentes proyectos.
El diputado Adim Maldonado brindó detalles de la propuesta e hizo ver que con los cambios sugeridos se viabilizaría la construcción de obra crítica y se podría llevar más desarrollo a las comunidades.
Entre los proyectos que podrían efectuar los gobiernos locales con financiamiento de la iniciativa privada destacó carreteras, hospitales y hasta aeropuertos.
"La ley que se aprobó en 2010 tiene muchas debilidades y cosas que no se entienden", dijo el parlamentario; asimismo, afirmó que "si Guatemala quiere ver hacia el futuro tiene que apostar por las alianzas público-privadas como una fuente de financiamiento".
Presentan iniciativa de ley para reformar Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica #APPgt. https://t.co/ILi2ETvhBE
Agilización de procesos
Maldonado manifestó que, entre otros aspectos, también se busca que no todos los convenios que se celebren mediante una alianza público-privada requieran la autorización del Congreso, como ocurre en la actualidad.
Según dijo, cuando se trata de concesiones que otorga el Estado, hay un mandato constitucional para que el Legislativo lo avale; no obstante, se refirió a otros modelos que podrían aplicarse sin que los diputados deban aprobarlos.
Entre estos figuran proyectos que requieran deuda municipal o mancomunada, provenientes de recursos propios de las comunas.
El presidente del Congreso, Nery Ramos, quien también promueve la iniciativa destacó la importancia de modificar la normativa vigente y "generar mecanismos alternos de contratación de obra pública".
¿Qué es una alianza público-privada?
Las alianzas público-privadas son acuerdos entre los sectores público y privado con el objetivo de desarrollar obras de infraestructura o brindar servicios públicos.
Según expertos, estos mecanismos permiten que los Gobiernos aprovechen los recursos y la experiencia de las empresas privadas para desarrollar obras que serían difíciles de financiar y gestionar solo con recursos estatales.
En ese sentido, la participación del sector privado suele implicar que este se encargue de la operación y mantenimiento del bien, por ejemplo una carretera, a cambio de una parte de los ingresos generados con su uso.
