Desde hace más de 10 años, Guatemala tiene claro que debe luchar en contra del hambre. Sin embargo, apenas hemos reducido décimas de un porcentaje de horror: ese que indica que casi la mitad de niños viven con desnutrición crónica.
Al ritmo actual, nos tomará casi 70 años alcanzar los niveles de desnutrición de países vecinos. Al paso que vamos, seguiremos condenados a repetir un ciclo de pobreza del que es imposible salir si no se alimenta a un bebé de forma adecuada en los primeros mil días de vida.
Los efectos de la desnutrición crónica son irreversibles. Las capacidades cognitivas que se pierden antes de cumplir dos años no se recuperan jamás, aunque los patrones de alimentación de los pequeños cambien de forma drástica de un momento a otro. Lo dicen y repiten los expertos. “La desnutrición crónica, en niños, puede significar una pérdida de hasta 50 por ciento del potencial que tendrán para generar ingresos cuando sean adultos”.
A nivel formal, y en papel, parecemos estar conscientes de la problemática que el hambre representa. Se cuenta con un sistema cuyo objetivo es procurar seguridad alimentaria y nutricional. Combatir la desnutrición es política de Estado. La ley indica qué hacer, a quién le toca y cómo. Existen métodos que, con claridad, establecen los protocolos de coordinación institucionales. Pero, al parecer, no sirven de nada: tan sólo este año, 25 niños de Huehuetenango y Alta Verapaz han muerto como consecuencia de la desnutrición aguda, la más grave de todas. Y, como siempre, se teme que el subregistro sea de pánico.
La ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional fue ratificada en 2005, hace 13 años. Se le consideró, entonces, una legislación pionera, moderna y pertinente. Vino acompañada, antes y después, de un sinfín de estudios y diagnósticos que esbozaron, hasta el más mínimo detalle, con qué debía alimentarse a un recién nacido y en dónde había de prestarse mayor atención.
La comunidad internacional, antes y ahora, ha invertido cualquier cantidad de recursos para colaborar con los esfuerzos locales. Sin embargo, todo indica que han servido de poco o nada. Los casos de desnutrición aguda, los más graves de todos, se han reducido en apenas 683 en el último lustro.
En 2007 se calculó que la desnutrición representó una reducción del 11.4 por ciento del Producto Interno Bruto en este país. Nada, absolutamente nada, muestra indicios de que este panorama sea hoy más halagüeño.
Reducir la malnutrición, aquí y en China, es esencial para disminuir la pobreza y promover el crecimiento económico. ¿Qué hay que hacer para revertir esta terrible realidad en 2018? Todo está dicho, todo está diagnosticado, todo está plasmado en más de algún documento. No hay que inventar el agua azucarada. ¿Qué hace falta entonces?
Cito a una experta: “Que a la clase política le empiecen a importar, aunque sea un poco, la vida de los niños”.
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