No obtuvieron ningún beneficio, se incurrió en pérdidas al Estado, pero aun así, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) autorizó la compra de medicamentos en el extranjero sin que estas tuvieran que pagar impuestos. La beneficiada, la empresa J.I. Cohen, que ha sido vinculada en varias oportunidades a Gustavo Alejos, quien se encuentra en prisión por varios casos de corrupción.
Según el informe de la Contraloría General Cuentas (CGC), el IGSS autorizó la importación de 26 clases de medicamentos por más de 562 millones de quetzales (Q562,224,881.03). El proceso se realizó a través de J.I. Cohen, que emitió una factura comercial de zona franca.
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Con esta modalidad se efectuaron 614 transacciones. Además, la Contraloría constató que "en registros del Sistema Integrado de Farmacias y Bodega del Seguro Social los precios unitarios de los 26 medicamentos fueron iguales y constantes".
Con este procedimiento se reportaron exenciones a los derechos arancelarios y al Impuesto al Valor Agregado, que al final se tradujeron en pérdidas para el Estado por Q61,548,663.36.
No obstante, el IGSS pagó el mismo precio que se cotizan en el mercado por los medicamentos.
"De haberse realizado los descuentos o reajustes el costo de las medicinas hubieran disminuido favorablemente para el Instituto", sentencia el informe de la Contraloría.
A consideración de los auditores, con todos los beneficios que obtuvo J.I. Cohen el IGSS hubiera tenido un ahorro de unos Q30,778,831.68, pero no fue de esa manera.
Denunciados
Este caso corresponde a un examen especial que elaboró la Contraloría a los ejercicios fiscales del 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2015, el cual, en su momento se informó pero no se colocó ninguna denuncia penal.
Con la nueva revisión, se tomó la decisión de abrir un proceso judicial, debido a que "no se presentó ni remitió comentario y pruebas de descargo" por parte de las autoridades a quienes se les hizo el hallazgo en su momento.
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La denuncia se presentó ante el Ministerio Público en contra de siete personas, entre ellas los exgerentes del IGSS Arnoldo Adán Aval Zamora y Oscar Amando García Muñoz. En la denuncia también figuran dos exsubgerentes administrativos, y dos exsubgerentes de prestaciones en salud.
A criterio de la Contraloría hubo una malversación de Q562 millones, cantidad por la que presentó la denuncia contra los implicados, debido a que hubo "menoscabo en los recursos financieros del IGSS y del Estado al hacer erogaciones indebidas por compra de medicamentos por procedimiento de importación sin exigir que el beneficio fuera trasladado al precio original pactado en los contratos abiertos".
¿Hubo medidas?
Lucía Dubón, portavoz del IGSS, aseguró que, en efecto, la Contraloría ya había presentado reparos al respecto, y en su momento se tomaron las "medidas administrativas correctivas" para que el hecho no volviera a repetirse.
Ahora, con la denuncia penal interpuesta por la CGC, se adherirán como querellantes en contra de quienes cometieron la falta cuando llegue el momento procesal correspondiente.
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