Durante más de una década, algunas farmacéuticas han manipulado la compra de medicamentos mediante el uso de amparos en contra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Una red de abogados, médicos, asociaciones de pacientes y especialistas del IGSS han torcido la voluntad de esa institución para forzar la compra de productos farmacéuticos onerosos que no se encuentran en los listados básicos de medicamentos de más bajo costo. Es la última oportunidad para varios pacientes terminales a pesar de que muchas veces no ha funcionado. Ganar es el negocio a partir de los que luchan por vivir.
Soy502 reproduce con autorización de Plaza Pública, este reportaje de Oswaldo J. Hernández, publicado hoy en el portal periodístico de la Universidad Rafael Landívar.
Los diagnósticos de cáncer suelen ser duros y tajantes. Son como un golpe, seco, directo al abdomen. Los médicos pronostican el día final mientras el mundo de los pacientes se viene abajo. Entonces, muchos de los pacientes y sus familiares se aferran a la vida. La mayoría ha llegado a una primera consulta en un punto de no retorno, ya invadidos por las células contaminadas en Etapas III o IV (metástasis: cáncer en todo el cuerpo).
El bolsillo también forma una parte vital dentro de este cuadro de impotencia. Un tratamiento para controlar el cáncer es caro y son contados los pacientes que pueden pagarlo por su propia cuenta. “Precisamente porque nadie puede pagar es que el último recurso es el IGSS. Un tratamiento de cáncer cuesta entre Q40 a Q50 mil al mes. El más barato es el tratamiento de cáncer de mama (Herceptin/Her+) y cuesta alrededor de Q22 mil al mes” explica el cirujano oncólogo, Eduardo Gharzouzi Bassila, especialista del Instituto Nacional de Cancerología (Incan). Ocho meses de trabajo, con salario mínimo, para pagar un mes de tratamiento.
Los pacientes, en consecuencia, con todos los pronósticos en su contra, hacen lo que sea para sobrevivir. Pedirán opciones a los médicos especialistas del IGSS y luego -casi de inmediato- desconfiarán del tratamiento que ofrece el Seguro Social. Serán referidos por lo médicos del IGSS a empleados de diversas farmacéuticas en busca de alternativas. Buscarán abogados. Se afiliarán a fundaciones de pacientes. Buscarán médicos particulares para validar un nuevo diagnóstico, un nuevo tratamiento. Todo lo necesario para ganar algo de tiempo. Porque el reloj avanza y el cáncer también. Y, poco a poco, los pacientes serán el recurso humano de un entramado legal que se repite una y otra vez y que es utilizado por médicos, farmacéuticas, abogados, laboratorios y asociaciones cuyo fin es que el Estado, a través del IGSS, compre tratamientos onerosos, muy específicos, de más reciente fabricación, aun cuando este instituto tenga los suyos propios, de menor costo.
-Es estar contra la espada y la pared. Tu papá o tu mamá tienen los meses contados. ¿Qué te queda por hacer? Haces lo que sea, lo que se te pide. Aunque te parezca raro, aunque sean extrañas las vueltas que toca dar, lo haces. No cuestionas. No piensas- dice M desde su intensa solicitud de anonimato. Su madre murió en 2015 de cáncer en el colon. A M los médicos especialistas del IGSS, desde la consulta externa, le proporcionaron un número de teléfono para seguir instrucciones. Una empleada de Bayer S.A. contestó el celular…
Doblegar al IGSS
Desde 2004 el IGSS se ha visto obligado a cambiar parte de la lógica de inversión de su presupuesto. A través de órdenes judiciales –sentencias–, una tras otra, cientos, se ha debido comprar sistemáticamente productos farmacéuticos que no forman parte del “listado básico de medicamentos” del Seguro Social. Se ha tratado en todo caso de una dinámica, una forma legal para incentivar la adquisición de productos en distintas unidades del IGSS. Era -y ha sido desde entonces- torcer el brazo de esta institución con el fin de generar, poco a poco, necesidades institucionales donde el gran beneficiario millones y millones de quetzales, cientos y cientos de compras directas- son las farmacéuticas.
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En octubre de 2015, con el caso denominado “Negociantes de la Salud”, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desarticularon una estructura criminal integrada por funcionarios, empresarios y empleados del IGSS que se dedicaban a modificar el “listado básico de medicamentos” del Seguro Social en beneficio de los grandes proveedores farmacéuticos. Entre los acusados se encontraba Gustavo Alejos Cámbara, el poderoso secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), catalogado como uno de los hombres de mayor influencia en el país, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Alejos Cámbara, para ese caso fue ubicado como el operador de las farmacéuticas droguería Colón, Evolución Farmacéutica S.A. y Sabiapharma S.A.
“La lógica era intervenir en el modo en que el IGSS compra medicamentos, en beneficio de los proveedores”, explicó entonces el Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.
En las Cortes de Apelaciones del Organismo judicial, y sobre todo en el Sistema de Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, hay cientos de sentencias que evidencian un patrón particular: un afiliado del IGSS presenta un amparo en contra de esa institución por no brindarle cierto medicamento. La Corte analiza la solicitud. Hay un abogado que lo representa y que al mismo tiempo ha representado a más de un centenar de pacientes en cinco años, en las mismas circunstancias. También, detrás, hay un médico particular que ha atendido este caso, y cientos de casos similares, que además respalda el diagnóstico de cáncer, y que receta un medicamento que sólo vende una casa farmacéutica en toda Guatemala. En cada sentencia siempre hay un medicamento que el IGSS está obligado a comprar, fuera de su planificación, fuera de su listado básico de medicamentos.
Una fuente cercana a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), tras conocer esta manera de alterar la compra de medicamentos mediante amparos, y los cientos de sentencias que generan un patrón que se repite, no descarta que este caso pueda ser analizado como una estructura dedicada a la modificación del listado básico de medicamentos del IGSS, donde podrían estar involucrados médicos, abogados, farmacéuticas y funcionarios públicos. “El paciente es un negocio. El paciente con poco tiempo de vida es el mejor salvoconducto que estos grupos tienen para esconder la corrupción”, indica la fuente.
El amparo, metástasis del IGSS
El IGSS parece ser el gran perdedor ante el Sistema de Justicia. Son cientos de sentencias en su contra con la orden, tajante, de comprar productos farmacéuticos que no están en su listado básico de medicamentos. No hay mayor cosa qué hacer más que obedecer. La mayoría de amparos otorgados por la CC o por las Cortes de Apelaciones son individualizados, a título personal de los afiliados, y casi nunca en colectivo. El IGSS suele alegar, apelar, pero su voz apenas tiene fuerza ante los magistrados que argumentan en sus sentencias que “el derecho a la vida es prioridad número uno (SIC)”.
No resulta una tarea sencilla sistematizar las sentencias que Plaza Pública obtuvo mediante acceso a la información pública. El programa de análisis de texto DocumentCloud otorga un panorama más limpio, donde nombres de abogados se repiten, al lado de nombres de medicamentos que se solicitan una y otra vez, y médicos particulares que prestan su nombre para validar diagnósticos ante la CC. Desde las sentencias de amparo de la CC se puede establecer que hay una red, un vínculo entre médicos y abogados que se articulan en un eje: medicamentos y casas farmacéuticas.
Por distintos productos farmacéuticos que no se encuentran en el listado básico de medicamentos del IGSS, existen redes de abogados que trabajan en conjunto con médicos particulares que interponen amparos en favor de las farmacéuticas. Algunos médicos han trabajado para las empresas que benefician, y diagnostican los medicamentos que sus patrocinadores venden.
En esta red de abogados y medicamentos específicos resalta la participación desde 2007 a 2011 de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), cuando Sergio Morales dirigía la institución en defensa del pueblo. De hecho, en un reciente número de la revista ContraPoder, Morales anuncia su regreso a partir de sus “logros” en la interposición de amparos contra el IGSS.
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“Se desnaturalizó una noble institución como el amparo para hacer negocio”, dice cortante la abogada constitucionalista Anabella Morfin Mansilla, asesora legal de la PDH, a cargo de Jorge de León Duque desde 2012. A partir de los casos de corrupción en el IGSS y el caso Pisa, explica la abogada, la PDH realizó una investigación para verificar contratos de compra provocados por esta procuraduría. “Establecimos que vía amparos se estaba comprando medicamentos con nombre y apellido para favorecer a determinadas casas farmacéuticas”, dice la constitucionalista. “No era posible que obligáramos a una institución a comprar determinados medicamentos”, añade.
En el IGSS todo es opaco y cada quien juega un papel para mantener algo oculto. Los guardias de seguridad, por ejemplo, cierran el paso en el momento en que alguien se identifica como periodista. Y cuando se pide entrevistar a doctores o pacientes, en el área de hematología y oncología, los encargados del Departamento de Comunicación se convierten en centinelas, vigilantes, protectores de la institución. Así Plaza Pública entrevistó al oncólogo especialista del IGSS, Luis Fernando García, que habló de cáncer y los tratamientos especializados, pero una vez planteadas las preguntas sobre los vínculos de las farmacéuticas y las recetas de medicamentos que él mismo firma, la encargada de comunicación, Ana Alvarado, intervino para que varias dudas no fueran aclaradas. Imposible saber cuántos pacientes se han salvado del cáncer gracias a esos procedimientos. Los encargados de Comunicación Social se manifestaron “preocupados” por el tema de los amparos, pero no tramitaron las entrevistas solicitadas con los directivos de la institución. Lucía Dubón, jefa de esa oficina, dejó de atender las llamadas de los periodistas.
Médico-abogado-farmacéutica-medicamento
En las sentencias de amparo hay medicamentos que podrían catalogarse como los grandes ganadores, que en términos estadísticos podría decirse que casi están controlando brotes epidemiológicos de cáncer. Son medicamentos que se repiten -tanto en médico como abogado- una y otra y otra vez, durante varios años, en cientos de sentencias: una metástasis de amparos. Para cáncer de mama, de ovario: Herceptin (Tykerb) de Roche JI Cohen, al menos 16 sentencias consultadas por Plaza Pública. Para tumores cerebrales: Avastín (Bevacizumab) de Roche JI Cohen, al menos once. Para mieloma múltiple: Revlimid de Asofarma Centroamérica al menos 31 amparos. Para cáncer en artritis: Infliximab (8 amparos), Tocilizumab (6 amparos), Tofasitinib, de Merck y Co. Para cáncer de cabeza, cuello o colon: Erbitux de JI Cohen al menos 24 amparos... la lista es enorme. Plaza Pública analizó 146 sentencias en las que se solicitan productos fuera del listado básico de medicamentos. Los amparos piden y piden, son cientos y cientos de pacientes que solicitan de forma individualizada y sistematizada. Mismos abogados, mismos médicos particulares. Productos que no están en el listado básico de medicamentos del IGSS. Tratamientos de Q50 mil a Q90 mil al mes.
El medicamento Revlimid cuenta con una tendencia firme, estadística, que describe cómo funciona la lógica del amparo: un abogado que utiliza el diagnóstico de un médico particular para solicitar un medicamento a nombre de un paciente. Son así decenas y decenas de pacientes que solicitan medicamentos amparados en contra del IGSS. Por ejemplo: 27 amparos en los que figuran el abogado Guillermo Cifuentes de León y el presidente de la Asociación de Oncólogos de Guatemala, el hematólogo Óscar Avendaño Flores.
El mieloma múltiple es una enfermedad rara. En Guatemala, sólo 14 de cada 100 mil habitantes, padece este tipo de cáncer que destruye la médula ósea, como asegura una investigación de la hematóloga María Eugenia Samcam. El número de sentencias de amparo que solicitan este medicamento (31 a las que tuvo acceso Plaza Pública), por tanto, resulta elevado para las estadísticas epidemiológicas de esta enfermedad en Guatemala.
Durante varias semanas Plaza Pública intentó contactar con el médico Avendaño Flores, pero siempre se excusó por motivos de viaje. En su perfil de LinkedIn, el hematólogo Avendaño resalta su faceta de vendedor profesional para Farmacéutica Janssen. Como representante legal de la empresa Medical Solution, Avendaño ha trabajado bajo el patrocinio de Asofarma Centroamérica. El Revlimid, el medicamento que Avendaño recomienda a sus pacientes mediante amparo, es vendido por esa farmacéutica. En otras palabras: el médico Avendaño, como diagnóstico externo, recomienda la compra del medicamento que él vende y utiliza el amparo para forzar la adquisición de parte del IGSS.
El abogado Cifuentes de León afirma que desde 2004 ha presentado amparos a favor de pacientes que el IGSS ha violado sus derechos. En promedio, dice, son 35 a 45 amparos por año. Por cada uno cobra Q5 mil. “No conozco al doctor Avendaño Flores”, afirma Cifuentes a pesar de que es el médico particular que aparece en más de 30 amparos interpuestos por él mismo. “A mí lo que me interesa para plantear un amparo es que llenen los requisitos de solicitud. Lo más importante es la vida digna de las personas. Todos los gané. Todos fueron apelados por el IGSS. Sí perdí, fueron como tres porque se presentaban en asociación o colectivo. Pero la CC cuando es por asociación los deniega, por falta de legitimidad activa”, explica el abogado.
Desde su bufete, Firma Regional, Cifuentes de León explica que antes la PDH era un gran aliado. Ahora, sin la PDH involucrado en el tema de los amparos, y el sentido de proyección social como abogado, Cifuentes dice que su trabajo ha llenado un vacío que ampara a los pacientes para solicitar medicamentos. “La PDH era como el bufete popular para plantear amparos. Un consuelo. ¿A quién se haya favorecido económicamente y a qué casas farmacéuticas se benefició con los amparos? De mi parte nunca volteé a ver eso. Mi enfoque es el sentido social del amparo”, dice.
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Enrique Aguilar, presidente de la Gremial de Productos Farmacéuticos (Grefarma), indica que el sector empresarial es consciente de lo que ocurre con los amparos, que la gremial ha analizado el tema. “A la fecha no se han hecho investigaciones serias. Se debería investigar por los entes correspondientes porque es algo que ha afectado al sistema de salud pública”, dice Aguilar. Todo el sistema de compras debe ser transparente, agrega. “Si hay anomalías es importante investigar”.
Obligados a comprar
De las compras obligadas a partir de los amparos, hay poco rastro. Es difícil seguir la pista. El IGSS no cuenta con información al respecto. Y Lucía Dubón, jefa del departamento de Comunicación, no pudo aclarar las dudas en torno a la modificación del listado básico de medicamentos y cómo ejecutan su presupuesto para solventar el tema de los amparos. Y en Guatecompras, aparecen como compras directas esporádicas: un paciente, un medicamento, un amparo, una compra. Es casi como una manera de evadir la publicación de los concursos, dar un tratamiento de Q50 mil al mes, y no dejar demasiada evidencia gracias al amparo. “Si hay decenas de amparos hay decenas de compras directas y no un concurso para abastecerse por completo”, explica la abogada constitucionalista, Anabella Morfin.
A partir de diciembre, con las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, se añadieron tres nuevas modalidades de compra a la cinco que existían. “Fue como una especie de candado para la compra de medicamentos por compra directa. Ahora se tiene un monto, un techo presupuestario para la compra de medicamentos vía amparos”, dice la abogada constitucionalista Anabella Morfin.
“En el panorama actual de la Ley de Contrataciones del Estado, sólo es posible adquirir cierta cantidad de medicamentos cada mes. Esto reduce la vida de los pacientes amparados en 50%y 48%. Es grave, no todos quedan protegidos, no todos conseguirán sus medicamentos”, dice el abogado Cifuentes de León.
En Guatecompras ya hay indicios de estos ajustes en la compra de medicamentos vía amparo. Por ejemplo, el Revlimid, para atender el mieloma múltiple, el IGSS ha solicitado en dos ocasiones -una en mayo y otra en abril de 2016- más de mil tratamientos para la consulta externa del Seguro Social. En total son compras millonarias, aún no adjudicadas. Las únicas casas farmacéuticas que venden Revlimid en Guatemala son Asofarma Centroamérica, a un costo que ronda entre los Q3,700 y lo Q4,200 cada unidad. El IGSS, a través de los encargados de comunicación, se abstuvo de aclarar este tipo de compras por más de Q4 millones en un mes, tampoco si existe el número de pacientes que pueda llenar las estadísticas de una enfermedad como el mieloma múltiple cuya epidemiología es de sólo 14 por cada 100 mil habitantes, cuando la prevalencia mundial de Mieloma Múltiple es entre 8 a 10 casos por cada 100 mil habitantes.
En principio, Evelyn Castillo, asistente de la gerencia de Asofarma Centroamérica, se comprometió a explicar la forma en que Asofarma distribuye el Revlimid para el tratamiento del mieloma múltiple, la opinión institucional de la farmacéutica en torno a los abogados y médicos particulares que solicitan la compra de sus productos mediante amparos en contra del IGSS. Luego de decenas de intentos de contacto durante dos semanas, Castillo dejó de atender los correos y las llamadas telefónicas de Plaza Pública.
A pesar de que la PDH ya no los apoya, y que las miradas están puestas sobre el Seguro Social, los amparos siguen llegando contra el IGSS. Los mismos abogados, los mismos médicos, las mismas farmacéuticas. Ahí donde todo es ganar a partir de quienes, desesperados, intentan cualquier cosa en contra de sus diagnósticos desfavorables.
*Tomado de Plaza Pública
