Sangrando y con grades dolores, una mujer acudió a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en Tiquisate, Escuintla. Buscaba ayuda, pero quedó envuelta en una situación jurídica que la dejó expuesta y bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC).
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La mujer, de 26 años, es madre de tres niños, uno de un año y medio, otro de tres y una nena de cinco. Confirmó que estaba embarazada en diciembre y se lo comunicó a su pareja, ambos estaban felices.
Sin embargo, comenzó a tener complicaciones, por lo que una vecina le recomendó tomar un medicamento, y como muchos, lo compró y se automedicó. Jamás imaginó que ello la llevaría a la emergencia y menos que quedaría bajo custodia de la PNC.
Según el parte policial, médicos del Seguro Social de Tiquisate la denunciaron porque al momento de evaluarla localizaron residuos de un medicamento no autorizado que se utiliza para provocar abortos en fetos fallecidos en el vientre de la madre.
Ahí inició su calvario. La joven, fue detenida. No pudo comunicarse con ninguno de su familia y le informaron que sería arrestada y que enfrentaría cargos de homicidio y posible parricidio, dependiendo del juez.
La madre, esposa y trabajadora sintió que el mundo se le venía encima. No sólo porque había perdido a su bebé, sino por las acusaciones y la incertidumbre de no poderse comunicar con ninguno de su familia.
Acompañamiento de la PDH
Luego que su caso fue publicado en las redes sociales, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) acudió en su auxilio.
Marco Antonio Cabrera, auxiliar de la PDH, comentó que la joven fue traslada de Tiquisate hacia el Hospital Nacional de Escuintla, debido a que fue necesario practicarle un legrado, para retirar los residuos del feto de su vientre.
Con su presencia logró comunicarse con su familia, pues Cabrera le prestó su celular. "Habló con su esposo y su mamá. Ella estaba angustiada por sus hijos y quién se quedaría con ellos cuidándolos. Padece de la presión y se le subió muchísimo", detalló.
Según el auxiliar de la PDH, la joven y su familia son cristianos y comenzaron a orar. "Creo que el médico que la atendió criminalizó su caso y están tratando de ponerla de ejemplo. Ella acudió por ayuda y terminó en un grave problema", lamentó.
Ahora, la mujer de 26 años deberá enfrentarse a la justicia. Una organización de mujeres le ofreció apoyo legal, de lo contrario la PDH buscará que el Instituto de la Defensa Pública le apoye con un abogado.
"El proceso judicial no podrá evadirlo. Tendrá que enfrentarse ante un juez, pero en este momento lo importante es que ella se recupere y pueda reunirse con su familia", manifestó Cabrera.
