La revelación de la estructura que habría incurrido en defraudación tributaria por más Q300 millones, muestra cómo la falta de controles pudo incidir en que un contador haya sido usado sin su consentimiento.
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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló la existencia de una estructura que defraudó al Estado por más de Q300 millones entre 2021 y 2023. La investigación se originó por la denuncia de un perito contador que constató que aparecía como encargado en más de un centenar de empresas, sin estar enterado.
Hasta hace poco más de un año, cualquier abogado que abriera una empresa podía registrar ante la SAT el nombre de un contador y su Número de Identificación Tributaria (NIT) para funcionar, pero la notificación nunca llegaba al susodicho.
Desde finales de 2022, cada contador recibe una notificación en su correo electrónico o en la agencia virtual de cada empresa que lo registra como encargado de sus finanzas.
"Antes, uno no se daba cuenta de a quienes representaba hasta que se le ocurría ingresar al apartado de la agencia virtual y ahí estaban las empresas, puede ser una o un listado", expuso un profesional de la contaduría pública.
Incluso, ahora está la opción de darse de baja en ese sistema, mientras que antes había que enviar una carta a la SAT y ellos llegaban a la empresa (días más tarde) a verificar la situación en el lugar, para proceder ellos a eliminar al contador de los registros respectivos.
"Mi recomendación es que quienes se dedican a llevar contabilidades revisen su agencia virtual para ver a quiénes representan, porque las disposiciones anteriores no requerían confirmación, aunque tampoco se descarta que hubiera complicidad de las autoridades", explicó el entrevistado.
Más controles
Luego de la denuncia del perito contador ante el Ministerio Público (MP) y la SAT tras aparecer nombrado en más de un centenar de empresas que no reconoce y darse de baja, la entidad fortaleció estos controles también para los representantes legales de las empresas.
En este caso, un representante legal, abogado y notario, afiliado al régimen de pequeño contribuyente y con un establecimiento comercial no localizado, actuaba en nombre de 410 empresas.
Marco Livio Díaz, titular de la SAT, comentó que alteraron documentos para inscribirse y colocar una dirección, todo lo anterior hizo que esta entidad impusiera medidas más estrictas para registrar compañías.
"Hay que revisar los datos al 100 por ciento que se presentan", afirmó y refirió que a diario reciben unas 12 mil solicitudes para actualizar el Registro Tributario Unificado (RTU), lo cual implica "muchísimo trabajo extra", comentó.
Aunado a lo anterior, también se debe verificar más de 200 direcciones en forma física.
El caso
La SAT denominó Estructura B410 a dicha investigación, basada en el registro del mismo representante legal y perito contador, domicilios fiscales no localizados (referidos como ubicados en zonas rojas), sin evidencia de infraestructura para el desarrollo de sus actividades, con alteración de documentos para registro ante SAT y subdeclaraciones.
Tras la investigación, la SAT presentó las denuncias correspondientes ante el MP, Contraloría General de Cuentas y Procuraduría General de la Nación, debido a que esta estructura solo pagó Q26.9 millones en impuestos pese a que fueron más de Q5,700 millones facturados.
"Luego de 32 auditorías realizadas, se determinó un menoscabo fiscal por más de Q300 millones en impuestos que representan posible defraudación tributaria", indicó la SAT cuyas autoridades informaron que continuarán estableciendo mecanismos para la detección de estas estructuras.
