La Presidencia del Congreso de la República incumplió con la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la cual se le pidió entregar el expediente original del antejuicio contra cuatro magistrados constitucionales.
Este lunes 29 de junio, la CC dio un plazo de tres horas a la Presidencia del Organismo Legislativo y a la Comisión Permanente, para remitir el antejuicio 37-2020, debido a que la Comisión Pesquisidora quedó sin vigencia el 27 de junio, cuando se otorgó un amparo provisional que frenó las diligencias de antejuicio.
Las tres horas vencieron a las 18:40 del lunes. De acuerdo con la oficina de Comunicación Social de la CC, el Congreso sí presentó un memorial, pero no el expediente original solicitado.
En este memorial, señalan que en otro ya habían explicado las razones por las que únicamente entregaron una copia certificada y legalizada del expediente de antejuicio en contra de Gloria Porras, Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía y Neftaly Aldana.
"La CC no ha fundamentado por qué solicita el original", responde este lunes la Presidencia del Congreso a los magistrados de la CC.
También hacen saber su desacuerdo con las resoluciones dictadas por la CC al considerar que son juez y parte. "Instan al Ministerio Público a proceder a solicitar el antejuicio contra tres magistrados de la CC", informó la oficina de prensa.
En esta oportunidad el Congreso estima que el MP debe presentar el antejuicio en contra de los magistrados: Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía. Dejando fuera al magistrado Neftaly Aldana.
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En contexto
El abogado José Roberto Guzmán Hernández solicitó a título personal un antejuicio en contra de cuatro magistrados de la CC, Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía, por una supuesta resolución violatoria a la Constitución, revelaciones de secretos, violación de privilegios y violación a la Constitución, por el amparo que ordenó al Congreso de la República tomar en cuenta la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones.
En esta investigación, la FECI señala de supuesto tráfico de influencias entre diputados al Congreso de la República y candidatos a magistrados, para que estos sean electos. Con ello, se pretendía que se tomara en cuenta esto como una cuestión de idoneidad de los magistrados, requisito establecido en la Constitución de la República de Guatemala.
El viernes pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conformada por suplentes ya que los trece titulares se inhibieron, dio trámite al antejuicio solicitado por Guzmán Hernández en contra de los magistrados de la CC. El procedimiento dictado por la ley establece que se debe conformar una comisión pesquisidora en el Congreso de la República.
La Comisión Permanente del Congreso recibió el expediente del antejuicio y ese mismo viernes conformó la comisión pesquisidora, integrada por los diputados Luis Rosales, Douglas Rivero y Santiago Nájera.
El sábado, la CC resolvió tres amparos, solicitados por diferentes personalidades jurídicas pero que pretendían lo mismo: un amparo contra el proceso de antejuicio. La CC dio con lugar, por lo que ordenó a la CSJ y al Congreso de la República suspender el proceso de antejuicio y entregar los expedientes originales de este proceso. La CSJ envió la información solicitada, mientras que la Comisión Permanente del Organismo Legislativo envió una copia certificada, explicando que el original ya no estaba en su poder sino en la comisión pesquisidora.
Este lunes, la CC otorgó un plazo de tres horas a la Comisión Permanente y a la Presidencia del Congreso para entregar la copia, pero esta no fue entregada. El Congreso hizo su manifiesto de su desacuerdo en que magistrados de la CC sean juez y parte de un antejuicio contra sí mismos, e instó al MP a solicitar el antejuicio contra los tres magistrados de la CC que no se inhibieron.
La CC había advertido que, en caso de no acatar, ordenará lo conducente.
Diferentes sectores de la sociedad se han mostrado a favor y en contra del actuar, tanto de la CSJ, la CC y el Congreso de la República.
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