Autoridades del Banco CHN denunciaron un posible desfalco de más de 22 millones de quetzales, pero se resisten a una auditoría por parte de la CGC.
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Luego que la Contraloría General de Cuentas (CGC) anunciara la realización de una auditoría especial al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), las autoridades del banco solicitaron aclarar el alcance del análisis que se efectuará en la entidad bancaria.
A través de la misiva, el presidente del banco, Sergio Mario Silva, indicó que están comprometidos con el cumplimiento de la ley, pero aclaró que el oficio de la Contraloría no especifica el alcance y el objetivo de la auditoría especial.
Silva recordó que el CHN "es una entidad bancaria del Estado, descentralizada y autónoma, sujeta por su carácter de intermediaria financiera a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos únicamente", razón por la cual "se respondió a la CGC que no era posible, legalmente, atender su solicitud".
No obstante, dijo que han solicitado a la Contraloría establecer "los alcances y el contenido de la auditoría que desea realizar" e indicó que son "respetuosos de la ley, dando acceso a las instancias que tengan el derecho de requerir información" como a la CGC y a la Superintendencia de Bancos, "en sus funciones de fiscalización".
El problema
A principios de octubre, las autoridades del CHN denunciaron durante una citación en el Congreso que, durante la administración de las autoridades nombradas por el expresidente Alejandro Giammattei, se autorizaron extrafinanciamientos en 57 tarjetas de crédito, mismas que fueron otorgadas con irregularidades.
Los cobros de los extrafinanciamientos se hicieron en efectivo y en cheques de caja, principalmente en la agencia central de la entidad bancaria y con la autorización de su exrepresentante legal, Gustavo Mancur.
EN DETALLE: Autoridades del CHN denuncian un posible desfalco de Q22 millones
Los recursos autorizados ascienden a 20 millones de quetzales, que con moras e intereses ascienden a los 22 millones, que no han sido pagados por ninguno de los beneficiarios.
Gran parte de los beneficiarios presentaron documentos de respaldo financiero de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, que tiene como representantes legales a dos personas que estuvieron involucradas en el caso de financiamiento electoral ilícito a favor del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), del exconvicto Manuel Baldizón.
Las denuncias ya fueron interpuestas ante el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal en contra de los que resulten responsables del presunto desfalco, hecho que ya está siendo investigado por el Ministerio Público (MP).
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