Desde 2017 empezaron a hacerse mediáticos los casos en que Mynor Moto, juez titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, habría beneficiado con sus resoluciones a sindicados por el Ministerio Público (MP) en casos de alto impacto.
Ese año la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo protegió al no tramitar un antejuicio en su contra por el caso Bufete de la Impunidad, pero ha sido hasta enero de 2021 cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) logró que se girara una orden de captura contra Mynor Moto por el caso Comisiones Paralelas 2020.
De acuerdo con el MP la situación jurídica de Moto varió al no haberse completado los tres pasos para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) y adquirir la inmunidad que le otorga ese cargo. 1. Elección en el Colegio de Abogados 2. Juramentación en el Congreso y 3. Toma de posesión en la CC.
En el momento en que entregó el cargo de juez de primera instancia y no fue juramentado en la CC por el pleno quedó sin inmunidad. Algo que el equipo legal de Moto contraviene ya que aseguran que sí goza del derecho al antejuicio porque fue juramentado en el Congreso de la República.
El caso Comisiones Paralelas
El juez Moto ha intentado tomar el control del expediente denominado Comisiones Paralelas 2020. En este se investiga a una serie de personas, incluido él y el sindicado Gustavo Alejos, que habrían accionando para controlar magistraturas de Cortes de Apelaciones como Corte Suprema de Justicia, según dice el MP.
Otro de los investigados es el excomisionado asignado por el Colegio de Abogados a la Comisión de Postulación de la CSJ, Dennis Billy Herrera Arita. A petición de Herrera es que Moto pretende que la jueza Erika Aifán, titular del juzgado de Mayor Riesgo D, no continúe al frente del citado caso.
Para justificarlo Moto planteó que existe una duda de competencia y argumenta que existe una discrepancia en relación al año en que se investigan los hechos. Comisiones Paralelas 2020, y el año en que se autorizó la competencia para mayor riesgo, por otra investigación relacionada que fue en 2016.
Según el togado existe la competencia dudosa por lo que solicitó el análisis a la Cámara Penal de la CSJ.
Los casos controversiales anteriores
El más antiguo que se recuerda es la clausura que decretó a favor de los hermanos Valdés Paíz, figuraban como los principales sindicados del asesinato del abogado Rodrigo Rosemberg.
El otro caso polémico es Bufete de la Impunidad. Benefició a sindicados también con la clausura del caso a favor de la jueza Martha Sierra de Stalling, a quien se señala de haber beneficiado con medidas sustitutivas a algunos de los primeros implicados en el caso La Línea.
Por esta resolución la Fiscalía Especial contra la Impunidad le presentó un antejuicio, pero los magistrados de la CSJ lo protegieron y no tramitaron el antejuicio.
También benefició al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, al enviarlo a juicio con delitos menos graves que los solicitados por el MP, en uno de los casos de corrupción.
En febrero de 2018 admitió un recurso del diputado Felipe Alejos, con el cual el congresista del partido Todos detuvo el avance del antejuicio que el MP presentó en el caso "Traficantes de Influencias".
En agosto de 2018 clausuró provisionalmente el caso en contra de la exdiputada Mirza Arreaga. El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) la acusaron de tráfico de influencias al presionar al entonces ministro de Desarrollo, Edgar Rodríguez, para lograr plazas laborales. Incluso existe un video en el que la exdiputada presionaba a Rodríguez. El juez no aceptó este material audiovisual como prueba.
En enero de 2019 resolvió la falta de mérito a favor del diputado Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, a quien el Ministerio Público pretendía iniciar proceso penal por delitos electorales.
En 2020 no giró la orden de captura en contra del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, por el caso del Libramiento de Chimaltenango.
