De rodillas sobre la calle de adoquín, con la cabeza baja y de espaldas a una multitud vociferante, el subcomisario de la Policía Nacional Civil, Edilberto López Godínez, recibió 20 azotes en Sololá.
El castigo le fue aplicado luego de que una asamblea indígena lo encontrara culpable de extorsionar, junto a otros dos agentes, a varios miembros de la comunidad.
Además de los chicotazos, los policías fueron sentenciados a pagar 30 mil quetzales para resarcir a los afectados.
Las notas de prensa indican que las víctimas presentaron como prueba la grabación de una llamada telefónica y depósitos bancarios de pagos a los extorsionistas.
La PNC ha salido a defender enérgicamente a los policías acusados, solicitando en cambio que se procese por violaciones a los derechos humanos a quienes aplicaron el castigo comunitario.
Las autoridades argumentan que López Godínez tiene más de 20 años de servicio intachable y afirman que la comunidad lo acusó por una confusión, ya que días antes se había capturado al verdadero extorsionista, también de apellido López.
El caso ha causado controversia: algunos argumentan que la justicia occidental ha demostrado ser más violenta y propensa al error que la justicia indígena, que en este caso habría impuesto un castigo físico y una compensación económica que el subcomisario se comprometió a pagar.
Este no es el primer caso que suscita polémica. Videos o fotos de castigos comunitarios que incluyen golpes y otro tipo de humillaciones públicas, como desnudar o rapar a las personas, circulan cada vez con mayor frecuencia en redes sociales.
Al principio, parecían casos aislados, pero ahora resulta imposible ignorarlos y es menester aclarar que este tipo de vejaciones no deberían ser toleradas ni mucho menos, promovidas.
Que la justicia occidental y especialmente los tribunales guatemaltecos estén plagados de abusos y errores no debería ser excusa para permitir que otros desmanes ocurran en las comunidades indígenas. En todo caso, hay que ver cómo se erradican los atropellos en ambos sistemas, no como se escudan los excesos entre sí.
Incidentes como el ocurrido en Sololá resaltan la necesidad de expandir el sistema de administración de justicia a todos los rincones del país: una tarea pendiente desde hace décadas, sino siglos.
Las autoridades indígenas resuelven cada año miles de conflictos: desde robos hasta conflictos limítrofes. Pero está claro que hay asuntos muy serios, como las extorsiones, donde determinar con justicia la culpabilidad de una persona puede ser una tarea muy compleja.
La asamblea comunitaria que juzgó a estos policías no es infalible. El jefe de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, ya ha advertido que se extralimitó.
A la vez, resulta urgente que el Ministerio Público investigue cuanto antes qué está ocurriendo en Sololá con las extorsiones, para cortar ese problema de raíz. De hecho, no hay que descartar que agentes de la PNC puedan estar involucrados, porque de sobra sabemos que la corrupción campea en la institución.
El país tiene el reto de conciliar –e incluso relacionar— la forma en que se administra justicia en el país.
Lo que no es posible es seguir ignorando el problema y dejar que la población zozobre en la impunidad y el caos.
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