Si un gremio NO se puede quejar de la embestida contra la corrupción iniciada con el caso “La Línea”, es el de los abogados penalistas.
Mis reyes se han forrado. Ya por tradición la defensa penal solía ser cara en Guatemala, pero ahora se pasan. Hay abogados que no dejan en menos de diez mil dólares la audiencia. Les pagan por adelantado y cobran millones en cada proceso.
Muchos de esos mismos abogados son expertos en enredar juicios y retrasarlos al infinito hasta encontrar las circunstancias procesales y políticas favorables para sus defendidos.
El informe que acaba de presentar Human Rights Watch --"Carrera contra el tiempo: cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad"-- desnuda las tácticas dilatorias utilizadas por los abogados y jueces guatemaltecos, para poner a dormir los procesos por meses e incluso años.
El principal mérito de la investigación de Human Rights Watch es que documenta, calendario y cronómetro en mano, los retrasos incurridos en varios juicios.
De ahí se desprende con claridad que los abogados tienen dos herramientas predilectas para retrasar juicios: 1) el amparo, una defensa legítima del que se abusa más que del alcohol y 2) la recusación de jueces, utilizada a menudo con excusas ridículas.
Solo para dimensionar la profundidad del problema: en 2016, los tribunales guatemaltecos conocieron más de 5 mil recursos de amparo, la mayoría improcedentes.
El informe de Human Rights Watch menciona que la Corte de Constitucionalidad tuvo que conocer casos tan burdos como la exigencia de una prueba de ADN para un bulldog llamado “Von Quetzal´s Frosty” o la de unos estudiantes de medicina, que quería inscribirse de "macetas", en el siguiente curso sin haber cumplido con los requisitos académicos.
A ello sumen que las cortes se toman el tiempo que les da la gana para resolver. A veces por simple dejadez, pero a veces porque los magistrados están coludidos con una estrategia corrupta o porque quieren "zafar bulto" mientras puedan.
La CC, al parecer, tiene el récord en demoras: se tardó 22 meses, casi dos años, en resolver un amparo en el caso de las ejecuciones extrajudiciales que se le atribuyen a Marlene Blanco Lapola, hermana del controvertido diputado Orlando Blanco de la UNE. Con razón cuando estos casos llegan a juicio, a uno ya hasta se le olvidó de qué se trataban.
Con las recusaciones de jueces, los retrasos son todavía más dramáticos y por eso los abogados las mandan como avalancha sobre los procesos. En el caso Blanco Lapola, así fue como el equipo defensor paralizó el proceso durante tres años.
A esto hay que añadir que las cortes no se responsabilizan de los graves daños provocados por los retrasos consuetudinarios. Solo para citar dos casos recientes: la audiencia de primera declaración de la estafa de Banco de Comercio, donde se ligó a proceso a más de 14 funcionarios de la Superintendencia de Bancos, tardó en realizarse más de tres meses, que implicaron detención preventiva para todos los señalados.
Luego está también el caso de la Mina San Rafael, donde cada día que la empresa no funcione por retraso de la justicia, le cuesta al país 1.1 millones de quetzales en impuestos.
Los retrasos que provocan abogados y jueces solo abonan a dos causas: la impunidad y la corrupción.
Formas de reparar, hay.
Las altas Cortes, en particular, pueden dar directrices claras y tajantes para que los jueces resuelvan de una los amparos interpuestos por tonteras. Los magistrados también pueden resolver amparos, reprogramar audiencias, notificar resoluciones y accionar en los plazos que marca la ley. Asimismo, pueden empezar a sancionar de de manera real y ejemplar a los abogados que de manera evidente abusan del amparo, las recusaciones y demás catálogo de triquiñuelas para perder o mejor dicho ganar tiempo, mientras le deniegan a los afectados y a la sociedad, el derecho a la justicia.
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