Bien calladito se lo tienen, pero algunos de los corruptos más descarados del gobierno se frotan las manos para reactivar cuatro proyectos hospitalarios fracasados, que se encuentran suspendidos por denuncias de corrupción.
El botín completo pactado para la construcción de cuatro hospitales, ubicados en Ixcán, Rabinal, Esquipulas y Villanueva, suma más de 300 millones de quetzales.
Pese a que los proyectos apestan y tienen encima al Ministerio Público --que extrañamente parece haberse dormido sobre estos casos—las autoridades pretenden enterrar ahí otros 20 millones de quetzales, asignados ya en el Listado Geográfico de Obras del Presupuesto 2018.
El ministro Carlos Soto le dijo al periodista de Soy502, Miguel Castañeda, que para reanudar estos cuatro proyectos, primero deben solventar sus problemas legales. Sin embargo, está claro que en un Ministerio de Salud que empezó descabezando la Unidad de Transparencia, se pueden poner muchos sellos para dar luz verde a la robadera.
Sobre todo, cuando hay al menos tres diputados en el Congreso de la República sobrevolando el presupuesto de Salud cual zopilotes.
Las anomalías documentadas sobre esos proyectos son gigantes y es de esperar que no desaparezcan ahora por arte de magia, para facilitarles la vida a quienes en 2012 y 2013, cuando se declaró estado de calamidad por los terremotos de San Marcos, se apresuraron a aprobar, bajo ese manto de opacidad, tres de estos proyectos: los hospitales de Ixcán, Rabinal y Esquipulas.
En esta oportunidad me concentraré en dos de los cuatro proyectos –el de Ixcán y el de Rabinal-- porque presentan similitudes en con su concepción, porque las anomalías están prolijamente documentadas por la Contraloría y porque son objeto denuncias penales, que aunque dormidas, ahí están.
Además, porque el Hospital de Esquipulas realmente nunca arrancó porque se planificó construirlo en un terreno que ni siquiera es del Estado. Ojalá lo espulguen bien antes de asignarle un solo centavo de los 4 millones que tiene contemplado en el Presupuesto de 2018.
El Hospital de Villanueva fue adjudicado a la empresa Cocisa, vinculada al caso Construcción y Corrupción. El financiamiento de ese proyecto, por un total de 189 millones, está en manos del BID por lo que sería importante que esa entidad multilateral se asegure de no ser utilizada para el saqueo, tal y como lamentablemente ocurrió con el Banco Mundial en el caso TCQ. En el Presupuesto 2018 se le asignan 2 millones más a este sanatorio.
El hospital de Ixcán muy a propósito se llama “Roxana Baldetti”. Según el convenio original, costaría 80 millones de quetzales, de los cuales ya fueron pagados 31.5 millones al contratista: la empresa Sercco, propiedad del señor Delio Edvin García Argueta.
Esta constructora se ha convertido en una fortaleza empresarial en los últimos 13 años. Una revisión en Guatecompras permite establecer que ha recibido contratos públicos que suman 312 millones 571 mil quetzales desde 2004.
El señor García comenzó trabajando para la municipalidad de Santa Rosa, pero se extendió al Occidente del país, con especial fuerza durante la administración de la UNE, cuando recibió 135 contratos por casi 142 millones. En los últimos años concentró muchos de sus esfuerzos en el Quiché, donde obtuvo poco más de 100 millones de quetzales en contratos, en no menos de 10 municipalidades: Patzité, Pachalum, Zacualpa, Santo Tomás Chichicastenango, San Bartolomé Jocotenango, Santa Cruz, Chicamán, Chiché, Chajul e Ixcán.
La construcción de este hospital está detenida porque la Contraloría de Cuentas detectó anomalías graves como la sobrevaloración de la obra y los materiales, así como pagos por trabajos no realizados. Por ello solicitó la intervención de la Fiscalía, para que se determine si ahí hubo delitos. Llama poderosamente la atención que un caso que está en la Fiscalía Contra la Corrupción desde el año 2015 no haya sido presentado ya a tribunales. ¿Cómo para cuándo?
El presupuesto de 2018 tiene contemplado asignarle a este proyecto 7 millones de quetzales. Sabiendo todo esto, ¿aún así le entregarán ese dinero a esta empresa?
El hospital de Rabinal se planificó por más de 93.4 millones de quetzales, de los cuales ya se entregaron 18.6 millones a la empresa adjudicada, Construvías, que reúne dos particularidades: con este “pequeño” proyecto se estrena en la construcción de hospitales y pertenece a Gerardo Gustavo Galdámez Orantes, familiar del diputado Estuardo Galdámez, representante de Quiché. Esta obra también está detenida por dos denuncias en la Fiscalía Contra la Corrupción.
La Contraloría General de Cuentas auditó esta obra y encontró varias anomalías en el arranque del proyecto. En especial, el terreno que se dispuso para la obra no era el adecuado, por lo que hubo que hacer movimientos de tierras y compactación en los cuales se consumieron los recursos.
Estos problemas se derivan, seguramente, del hecho que los planos para los tres hospitales de Ixcán, Rabinal y Esquipulas son idénticos, como si se hubieran hecho a la carrera, y nunca tomaron en consideración las peculiaridades del terreno.
Otra de las irregularidades que la Contraloría encontró en Rabinal es que no se cuenta con un estudio de factibilidad mientras que el estudio de impacto ambiental fue firmado por un supuesto ingeniero que no aparece en los registros de ese Colegio Profesional.
Con estas dificultades, no resulta extraño que pese a que para la obra se entregó un anticipo del 20% del proyecto, los avances físicos son de apenas 1%. Sería inconcebible –e inaceptable—que se apruebe un centavo adicional para estos proyectos cuya auténtica finalidad es engordar a los lagartos de la corrupción, que se enriquecen a costa de la salud de los guatemaltecos más pobres.
El presupuesto actual contempla asignarle a este proyecto empantanado 1 millón 774 mil quetzales. Sería inconcebible –e inaceptable—que se apruebe un centavo adicional para un proyecto que obviamente es inviable y genera tantas sospechas.
Habría que agregar aquí, que la empresa Construvías se ha dedicado mayormente a la construcción de carreteras e introducción de agua potable.
Según el portal Guatecompras, ha recibido contratos por 263 millones 719 mil quetzales desde 2006. Ha trabajado en Chiquimula, donde está registrada la empresa, y sobre todo, en Baja Verapaz, donde ha tenido negocios con las municipalidades de: Cubulco, San Miguel Chicaj, Salamá, Purulhá y San Jerónimo.
La Contraloría pidió la intervención del Ministerio Público en estos proyectos desde el año 2015 y no ha pasado nada. Esta es una prueba fehaciente, de que cuando se trata de investigar las redes de corrupción incrustadas en el Estado con las herramientas tradicionales, en Guatemala no pasa nada.
¿Qué ha hecho la Fiscalía Contra la Corrupción con todos estos casos que duermen el sueño de los justos?
Talvez ahora que la unidad de CICIG asentada en Quetzaltenango empezó a dar muestras de vida, se puedan sacudir estos casos, presumiblemente ligados a las redes de corrupción que operan a través de alcaldes y diputados y sobre todo, se pueda evitar que continúe el saqueo.
Lo más dramático de los hospitales de Ixcán y Rabinal, donde el Estado ya tiró 50 millones de quetzales, es que el dinero se esfumó, presumiblemente en los pantanos de la corrupción, en vez de atender la salud de los más pobres.
Corrupción como esta es el que se contabiliza en vidas perdidas. La justicia no lo puede permitir.
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