Dijo un diputado del #PactoDeCorruptos que la posible aplicación de la Ley Magnitsky en el caso de Guatemala lo tiene sin cuidado, que si quiere ir a ver a Mickey, viajará a París a Eurodisney.
Se equivoca el diputado. Una breve revisión a la Ley Magnitsky y algunos de los documentos oficiales disponibles en Internet sobre su aplicación, revelan la magnitud del problema que puede significar el ingreso a la ominosa lista de sancionados bajo esta normativa.
Comparto aquí con ustedes mis conclusiones:
La Ley Magnitsky contempla la posibilidad de aplicar sanciones a personas o entidades jurídicas sospechosas de cometer o facilitar dos tipos de crímenes: violaciones a los derechos humanos o delitos de corrupción.
Las sanciones contempladas incluyen la prohibición de entrar a los Estados Unidos, la cancelación de la visa y la inclusión en la lista negra de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés), que implica el embargo de bienes en Estados Unidos y la prohibición de hacer negocios con personas o entidades norteamericanas.
La carta enviada por dos congresistas al Secretario de Estado, Rex Tillerson, para que aplique esta legislación en el caso de Guatemala pide concretamente el retiro de visas a quienes obstaculizan el combate contra la corrupción y que se ajuste la asistencia financiera en el año fiscal 2017 a nuestro país.
Sin embargo, al consultar cómo ha sido la aplicación de la Ley Magnitsky desde que entró en vigencia, se puede constatar que todas y cada una de las veces ha implicado el retiro de visas y la inclusión en las listas negras de OFAC.
Actualmente hay 44 personas sancionadas bajo la Ley Magnitsky, según el último reporte anual de implementación de la norma , emitido el 9 de enero de 2017. Todos los señalados han recibido sanciones migratorias y financieras.
Si ustedes verifican cómo se ha aplicado esta ley desde abril de 2013, cuando se puso en lista negra a las 18 personas iniciales, verán que siempre ha sido igual. Siempre. Nunca han retirado solo visas.
De hecho, consulté con el abogado Gabriel Gómez, experto en cumplimiento de regulación financiera internacional, y con el abogado de la Universidad de Yale Alexander Aizenstatd, y ambos convinieron en lo siguiente: la Ley Magnitsky implica, prácticamente, la "muerte bancaria" de una persona. Y no solo en Estados Unidos, también en el resto del mundo, incluidas las instituciones financieras más serias y estables de Guatemala y la región.
"Si una persona pasa a la lista negra de la OFAC, cualquier banco debería considerar la cancelación de toda relación comercial con ella, pues esa relación implica un riesgo para la entidad", indicó Gómez.
"Al entrar a esa lista, la persona se vuelve tóxica", indicó Aizenstatd. "Es una píldora envenenada en un banco y cualquier oficial de cumplimiento debería recomendar terminar la relación", aseguró por su lado Aizenstatd.
En una conferencia de prensa de febrero de 2016 con el Departamento del Tesoro, un periodista de la agencia de noticias rusa Tass preguntó si existía una diferencia entra la lista de sancionados por la ley Magnitsky del Departamento de Estado y la del Departamento del Tesoro. La respuesta oficial fue que se trata de una sola y misma lista y que de hecho las sanciones son propuestas por el Departamento de Estado pero son ejecutadas por el del Tesoro. En otras palabras, su naturaleza es sobre todo financiera.
La Ley Magnitsky va tras el dinero: dificultar e incluso paralizar la existencia económica y financiera de una persona.
Los abogados consultados me dijeron que esto no solo complicaría mantener las cuentas bancarias ya existentes, sino por ejemplo, la posibilidad de operar con tarjetas de crédito o tener acceso a seguros o fianzas.
La Ley Magnitsky establece el procedimiento para la aplicación de sanciones. Tal y como ha ocurrido en este caso, el proceso ha comenzado por uno de los canales que establece la ley: con una solicitud de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
A partir de ahí, la ley indica que el Presidente y el Departamento de Estado tienen 120 días para realizar una investigación y decidir si aplican o no las sanciones y entregar un reporte sobre el tema.
La ley también obliga al presidente de los Estados Unidos a entregar un reporte anual sobre la aplicación de la Ley Magnitsky el 10 de diciembre de cada año, fecha en que se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Pese a ello, al revisar las fechas de entrega de esos reportes en años pasados, es posible ver que se ha postergado varias veces, a principios de enero y febrero e incluso hasta el mes de abril.
En todo caso, habría que estar atentos a la respuesta de Washington en dos fechas señaladas: para la entrega del reporte anual sobre la aplicación de la ley o al vencer el plazo de 120 días que correría a partir del 16 de octubre de 2017, fecha en que fue entregada la carta de los congresistas a Tillerson, y se extendería hasta febrero de 2018.
En el caso de Guatemala, la solicitud enviada se queja concretamente de la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar persona non grata al jefe de la CICIG y de los diputados que en una votación que concluyó 105 a 19 decidieron rebajar la pena al delito de financiamiento electoral ilícito.
No sé si ustedes siguen de cerca las noticias de Washington, pero el Departamento de Justicia de los Estados Unidos nombró a un consejero especial para que investigue los vínculos entre la campaña de Donald Trump y oficiales del gobierno ruso, para determinar si éstos últimos habrían intentado intervenir en las elecciones a favor del partido republicano.
Uno de los hechos más notables de esa investigación gira en torno de una reunión entre la cúpula de la campaña de Trump, donde participaron su hijo, Donald Jr, su yerno Jared Kushner, su jefe de campaña Paul Manafort y la abogada rusa Natalia Veselnitskaya. Según ha dicho el propio hijo de Trump, lo que la abogada quería discutir era precisamente la Ley Magnitsky.
El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ha expresado en reiteradas ocasiones su oprobio por la Ley Magnitsky. A tal punto que el promotor de la ley, el financiero británico que empleó como auditor a Sergei Magnitsky, testificó ante el Senado que la eliminación de esa normativa es el objetivo prioritario de la política exterior de Putin. Pese a que las 44 personas sancionadas hasta ahora no son los más cercanos allegados del presidente ruso, la amenaza implícita en la ley sí ha promovido denodados esfuerzos de su parte para derogarla.
De ahí que Estados Unidos haya buscado extender su aplicación más allá de Rusia, para combatir las violaciones a los derechos humanos y la corrupción a nivel global.
En resumidas cuentas, la Ley Magnitsky parece haber cumplido su objetivo en Moscú. Las sanciones pueden ser mucho más complicadas que arruinar un viaje a Miami o paralizar una cuenta en el Banco de América.
