El ministro de comunicaciones, Aldo García, recién anunció, satisfecho, que llegó a un “feliz acuerdo” para liquidar el desastroso contrato de la carretera que la empresa brasileña Odebrecht nunca terminó. "Feliz" para quién, es la pregunta.
A diferencia de otros países, que lograron cobrarle multas millonarias a Odebrecht, por los negocios inmundos que dejó regados en todo el continente, aquí las autoridades nos venden como algo positivo que además de tragarnos los daños causados, que son graves y onerosos, NO vamos a tener que pagarles --¡nosotros a ellos!-- una indemnización por cancelar el contrato.
¿Dónde se ha visto que los agraviados le hagan reverencias a quienes los azotan? Tal vez el ministro García se estremece de gusto cuando oye el chasquido de un látigo, pero no es el caso de los contribuyentes guatemaltecos, que tenemos muy claro que adquirimos una deuda de 400 millones de dólares por esa pinche ampliación de carretera que los brasileños dejaron tirada y a medias, y por la que repartieron 18 millones de dólares en sobornos.
Ahora resulta que el gobierno va a terminar la obra, a un costo adicional de unos 25 millones de dólares, y que además no será ya de cuatro carriles, sino solo de dos. En resumen: tendremos menos carretera, por más dinero, en un plazo surrealista de tiempo.
Las autoridades talvez creen que estamos en crack para aplaudir semejante "arreglo", pero no. ¡Esto es un timo más!
El contrato de Odebrecht fue denunciado desde el principio. El polémico diputado Roberto Villate aseguró a grito pelado en el Congreso que sus colegas tenían la mano untada por aprobar esos créditos.
A lo largo del año, hemos visto cómo las fiscalías de toda América Latina procesan a las más altas autoridades por las cochinadas que hicieron con el gigante brasileño de infraestructura.
En Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa enfrentan prisión preventiva por el caso Odebrecht y el expresidente Alejandro Toledo tiene orden de captura.
En República Dominicana se cuentan 14 arrestos por la misma trama de corrupción. La fiscalía colombiana ya ha hecho resonar pasos de animal grande por los pasillos del Congreso y el Senado, en busca de los "negocios" pactados con la unidad de la empresa brasileña que tenía por misión comprar voluntades en todo el hemisferio.
Mientras, en Guatemala, solo bulla somos. El ex ministro y ex candidato presidencial Alejandro Sinibaldi, salió hasta mencionado en aquel famoso "papelito shuco" encontrado en un allanamiento en Brasil, pero aquí pasa nada y él, tan tranquilo, sigue de prófugo VIP por el mundo.
Los diputados también están insolentes y envalentonados ante la evidencia de que pueden hacer lo inimaginable --declarar legal el crimen--, porque aquí el #PactoDeCorruptos.
Tan confiados están que en los últimos días se han dado a la tarea de validar la corrupción con ceremonias, donde los saqueadores entran en alfombra roja hasta las entrañas de mármol de las instituciones, haciéndolas hervir como gusaneras en los sepulcros blanqueados de la justicia.
Más temprano que tarde se les desmoronará el montaje. Ese mundo al revés que quieren imponer, donde se proclama con pompa el reino de la impunidad, no es sostenible. Quizá era posible antes, cuando funcionaba en las tinieblas, como un baile de máscaras. Pero no puede sobrevivir a la luz de lo que hemos visto, de lo que ya sabemos y conocemos.
No es sostenible y no lo será en una sociedad harta del saqueo, que puede disentir en mucho, pero que no está dispuesta a transigir en un clamor compartido: la decencia como base irrenunciable del contrato social.
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