Los diputados al Congreso de la República intentaron la semana pasada el más abominable asalto al Estado de Derecho en la historia de Guatemala: intentaron pasar dos decretos con los cuales prácticamente anulaban el delito de financiamiento electoral ilícito y excarcelaban 400 de los 489 crímenes tipificados en el Código Penal.
El efecto práctico de esta aberración jurídica es que hasta pandilleros que purgan cárcel por delitos tan graves como extorsión, robo agravado, trata, pornografía infantil o estafa, entre otros, habrían podido salir a la calle a seguir aterrorizando a los guatemaltecos.
Otra consecuencia es que cualquiera podría eludir una condena de prisión por estos 400 delitos, mediante un pago máximo de 365 mil quetzales. Cesa cantidad de dinero, que fácilmente consiguen las mafias, podrían dedicarse a delinquir a su sabor y antojo.
Es natural que la ciudadanía se haya levantado como lo hizo el 14 y el 15 de septiembre para exigir la renuncia inminente de los 107 diputados que promovieron estos decretos alevosos para beneficiarse a sí mismos y a las mafias con las están coaligados.
Este semana ya es conocido que seguirán tratando de pasar otras leyes en pro de la impunidad: notablemente, intentarán anular el acuerdo que da vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y modificar la ley del Ministerio Público para permitir que el Presidente pueda echar a Thelma Aldana inmediatamente.
Las leyes de extinción de dominio y de lavado de dinero también están en la mira, pues el objetivo único de esta administración y su #PactoDeCorruptos es detener la lucha contra la corrupción y los procesos que están en marcha contra los detenidos en el Mariscal Zavala.
Los guatemaltecos de bien no podemos permitir que los delincuentes logren sus repudiables fines: nuestro deber es protestar pacíficamente y ejercer la desobediencia civil para impedir que las mafias se entronicen en nuestro país.
Aquí ya solo cabe que los 107diputados que promovieron esta monstruosidad se vayan a su casa. Después de la gravedad de lo hecho, perdieron toda legitimidad. Nada justifica la decisión que tomaron. Si no leyeron, son irresponsables. Si se fueron como borreguitos con su bancada, también son irresponsables. Y si entendieron perfectamente y aún así lo aprobaron, con más razón deben irse. Personas con ese nivel de criterio y responsabilidad política, no merecen ser legisladores.
Ni siquiera es válida la argucia que utilizaron el fin de semana para “archivar” los decretos que ahí mismo, en el pleno, ellos reconocieron como una monstruosidad y una aberración.
Como bien lo dijo el constitucionalista Gabriel Orellana, el procedimiento para aprobar una ley está bien definido en la Constitución y no se puede alterar con un “precedente administrativo” que obliga a una revisión expost que solo servirá en el futuro para ejercer chantajes.
Reitero: dada la gravedad de lo hecho, los 107 deben renunciar. No hay más salidas. Salvo claro que el Ministerio Público o las cortes de nuestro país los saquen a escobazos procesados, por haber aprobado decretos alevosos, contrarios a la Constitución, que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos y promueven la impunidad.
Más de Dina Fernández:
