No es casualidad que justo ahora que el Congreso podría estar por conocer una serie de antejuicios en contra del presidente Jimmy Morales, el Ejecutivo haya enviado su propuesta de presupuesto.
Hay que decir que se trata de una propuesta muy apetitosa: ronda los 88 mil millones de quetzales, es decir, 9 mil millones más que el presupuesto del año pasado.
Es más dinero, pero lo que debe tener babeando a los zopilotes que ya planean sobre el Congreso, es que no incluye candados ni mayores obligaciones de transparencia.
En otras palabras, podrán partir y repartir esos 88 mil millones de quetzales como mejor les parezca.
¿Cómo es posible que eso esté ocurriendo justo ahora, cuando se espera, por ejemplo, que conozcamos cómo armaron “el negocio” de la carretera CA-2 Occidente, que se le entregó a Odebrecht por casi tres mil millones de quetzales, a cambio de sobornos documentados por 135 millones?
Los congresistas están por demostrar si escarmentaron o no y si están dispuestos a transar impunidad por dinero y poder: dinero en sobres, obra pública y plazas, así como poder que se traduce en posiciones estratégicas, empezando por la junta directiva del Congreso, que podría estarse transando desde ya, a la luz de la crisis que enfrenta el Presidente.
La reserva de decencia que aún queda en el Congreso debe denunciar este pacto de impunidad cuyo principal objetivo sería garantizar una componenda en beneficio de las mafias: las que operan en el gobierno y las que se mueven, sigilosas, desde las sombras.
Es cierto que Guatemala necesita recuperar la red vial y el sistema de presidios, dos tareas pendientes que tienen al país paralizado y al borde del caos. Sin embargo, desde que está a la vista la forma canalla como han saqueado los recursos del país, hasta los destinados a mitigar el hambre, no podemos tolerar que bajo nuestras barbas se hagan arreglos de corruptos.
No es viable ni sostenible administrar de esa forma a un país que necesita de todos sus medios para garantizar que los guatemaltecos podamos disfrutar de nuestros derechos elementales: para comenzar que no nos gobierne un puñado de facinerosos recluido en el Mariscal Zavala, no digamos atacar esos índices de vergüenza, que revelan, por ejemplo, que en este país uno de cada dos niños padece desnutrición crónica.
Guatemala puede transigir, por ejemplo, en cómo procesar el financiamiento ilícito del pasado. Los diputados podrían aplicarse en buscar salidas dignas para los tsunamis de procesos judiciales, salidas que reactiven la economía sin sumergirlo bajo el manto ominoso del sistema corrupto que tomó de rehén al Estado. Lo que no pueden ni deben hacer los diputados es usar al tesoro público como moneda de cambio para la impunidad.
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