Mal momento para pretender un aumento de casi 11 mil millones de quetzales en el presupuesto de 2018.
Mal momento porque el actual gobierno ha sido pésimo ejecutor y porque en lugar de propiciar avances en la agenda contra la corrupción, ha impulsado retrocesos significativos.
Está bien ambicionar mejoras en los servicios públicos: de sobra sabemos que los guatemaltecos están muy mal atendidos en muchas áreas, como la salud o la justicia.
Pero es inaceptable que, existiendo tanta necesidad, el tesoro público termine dilapidado, en el hoyo negro de la corrupción.
El presidente se cree chistoso cuando dice “apoyen a su alcalde y si es corrupto, apóyenlo”. Así no va la cosa.
Los contribuyentes exigen, con todo derecho, que su dinero sea bien utilizado. Y en las últimas semanas, hemos constatado claros ejemplos de despilfarro.
Para empezar, aquí nadie ha olvidado los “bonos” de 50 mil quetzales al mes con los que el Ministerio de la Defensa le embarró las manos al presidente Jimmy Morales, un sobresueldo “para sus dulces”, que ni siquiera le significó una llamada de atención.
Añadan ustedes, a cuenta de la mala administración del Ejército, los puentes sobrevalorados y 4 millones de quetzales que los responsables de la tesorería militar dejaron caer, en compras directas y fraccionados, cual cuerno de la abundancia, sobre la “Pollería Ingrid”.
Luego está la alfombra roja que armó la Corte Suprema de Justicia, para la toma de posesión de su nuevo presidente: con toldos iluminados, caballeros cadetes y doñitas vestidas de largo, una tontera que combina a la perfección con los almuerzos de 900 quetzales que se embucharon los magistrados en una sentada.
Esas son algunas de las tonteras en las que se les van millones. Luego están los "negocios" realmente grandes.
Empecemos con los “hospitales hermanos”, las obras más significativas del Ministerio de Salud, que representan un plan de inversión de más de 300 millones, paralizadas por denuncias graves de corrupción. Esos casos ilustran cómo voraces contratistas se “fuman” proyectos sin calidad técnica, aprovechando la desgracia ajena y el estado de calamidad por los terremotos de San Marcos, y los reparten a las redes de corrupción vinculadas con el poder local.
Ni hablar de la joya de la corona de este presupuesto: los 7 mil 289 millones asignados al Ministerio de Comunicaciones. Es cierto que las carreteras están destruidas, pero el Estado no nos está dando cuentas claras de la deuda de arrastre ni garantías de que las barbaridades del pasado no se volverán a repetir.
Con el afianzamiento del #PactoDeCorruptos, desde los caudillos municipales hasta las cabezas de los tres organismos del gobierno, da la impresión que el presupuesto es un banquete presentado en bandeja de plata, listo para que le caigan los zopilotes con la ferocidad habitual.
En las condiciones que se avizoran para el año que viene, por ejemplo el fantasma de la hambruna en las áreas afectadas por las lluvias en Alta Verapaz e Ixcán, las autoridades están jugando con la paciencia de la población. Y visto lo que hemos visto desde 2015, aunque se sientan seguros por su #PactoDeCorruptos, no llevan las de ganar.
Más de Dina Fernández:
