Entre gritos y reclamos de los opositores, la mayoría de diputados aprobó el Decreto 4-2020 que le dio vida a la ley para regular a toda Organización No Gubernamental (ONG).
La propuesta no estaba en la agenda, pero un grupo de diputados la incluyó en una moción para aprobar un punto resolutivo para instar al Gobierno a que evite el ingreso del coronavirus al país.
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Minutos después, el diputado Manuel Conde presentó una nueva moción para que se conociera de inmediato la polémica iniciativa que fue respaldada por el oficialismo y sus aliados.
Los detalles de la ley
Esta normativa contempla que cualquier ONG tiene que inscribirse ante el Registro de las Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
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Además, toda ONG que maneje fondos públicos estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas (CGC). En el caso de las ONG extranjeras, también deben contar con el aval del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).
La ley establece que cada año, toda ONG debe publicar sus balance general de registros contables en cualquier medio.
El Repeju quedó facultado para cancelar a cualquier ONG que considere que está utilizando financiamiento para alterar el orden público. Además, se le prohíbe a los directivos de las ONG canceladas que integren otra entidad similar durante dos años.
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La SAT, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la CGC también podrán solicitar la disolución de las ONG si consideran que sus actividades son contrarias a la ley.
Las ONG vigentes tienen seis meses para cumplir con las nuevas disposiciones y de no cumplir quedarán canceladas automáticamente al vencer el plazo.
